El Gobierno Federal investiga miles de millones de pesos ejercidos para “gastos de seguridad nacional” durante el sexenio deEnrique Peña Nieto, con cargo a una opaca partida especial “de extrema confidencialidad” creada para, oficialmente, financiar misiones de inteligencia, urgencia y peligro dirigidas a combatir a los cárteles de la droga.

La Unidad de Inteligencia Financiera y la Secretaría de la Función Pública mantienen investigaciones paralelas sobre la forma en que se emplearon más de 40 mil millones de pesos que se erogaron entre 2013 y 2018 por parte de dependencias de seguridad incluidas la Secretaría de Gobernación, el extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), la Procuraduría General de la República y otros órganos para “misiones y objetivos confidenciales”.

De acuerdo a fuentes de primer nivel en el gabinete de seguridad, se tiene bajo la lupa a la partida presupuestal 33701, clasificada como “Gastos de Seguridad Pública y Nacional” y que se convirtió en la principal fuente de ingresos del gabinete de seguridad, encabezado por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

En particular, las autoridades de la UIF y la SFP revisan activamente cómo se empleó ese dinero, cuáles fueron sus entregables y por qué en el sexenio de Peña Nieto se justificaron gastos por millones de pesos bajo el escudo de confidencialidad. En concreto, también se revisa si la partida se utilizó para efectuar pagos irregulares a contratistas privados con la intención de eludir procesos de licitación bajo el argumento de que se trataba de situaciones urgentes.

Las autoridades analizan por qué se dispararon los gastos con cargo a esta partida muy por encima de lo aprobado por el Congreso de la Unión de manera oficial, según detallaron las fuentes consultadas. En particular, destacaron el caso de la Secretaría de Gobernación, que durante la gestión de Miguel Ángel Osorio Chong fue la principal beneficiada con fondos confidenciales, recibiendo hasta 7 mil por ciento encima de lo autorizado por el Poder Legislativo. 

Bajo la mira también se hallan gastos ejercidos en materia de seguridad nacional en la Procuraduría General de la República, entre los que se incluye el pago de salarios y renta de hospedaje para una unidad de operaciones encubiertas que tenía por objetivo capturar a Nemesio Oseguera, El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. 

Dentro de otras líneas que siguen las autoridades federales se encuentran cargos irregulares en el traslado de reos por parte del Órgano Administrativo Desconcentrado de Readaptación Social, la compra de softwares de seguridad para centros penitenciarios y la adquisición por parte de la Policía Federal del software de inteligencia Rafael, comprado en 2015 en lo que se estima fue un sobreprecio de más de 2 mil 500 millones de pesos.

Con información de MILENIO