El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que buscan un acuerdo con el pueblo yaqui para cambiar el trazo del gasoducto Guaymas-El Oro, en Sonora, ya que el proyecto cuesta más estando detenido.

Durante su conferencia de prensa de este viernes, realizada en Cabo San Lucas, Baja California Sur, refrendó los compromisos adquiridos este jueves con los yaquis respecto a respetar el uso de tierras, abasto de agua y la reubicación del gasoducto.

No obstante, como lo ha hecho en otras ocasiones, el mandatario describió cómo a través de “contratos leoninos”, si hay algún tipo de inconveniente en las obras, es la Comisión Federal de Electricidad (CFE) quien paga las multas.

“[…] cuando se terminen los contratos, se compre el gas, los gasoductos no van a ser de la CFE, sino le van a quedar a las empresas, […] a pesar de que son financiados por la Comisión Federal.

“Lo otro. Si en la construcción del gasoducto se impide el paso, se interrumpe la obra, como sucedió en el caso de los yaquis, tiene que pagar una multa la CFE a la empresa. La empresa no pierde”, acusó López Obrador.

Por otro lado, el morenista acusó que la comunidad yaqui no fue consultada para la construcción del gasoducto, pues “todo se hacía por la fuerza, no había diálogo, no había convencimiento”.

Ante ese escenario, “se debe buscar un nuevo acuerdo y cambiar el trazo porque no se puede usar el gasoducto y “se está perdiendo más”, agregó.

“Ellos (los yaquis) aceptan el diálogo con nosotros, nos tienen confianza, por eso fui y vamos a buscar la solución para que no pierda más la hacienda pública”, enfatizó.

La declaración en sí misma corrige un error del mandatario, quien en julio aseguró que siete gasoductos entraban en operación tras alcanzar un acuerdo con las empresas contratadas para su construcción y proveeduría de gas a la CFE.

Proceso publicó desde febrero de 2019 que la entrada en operación no dependía de las empresas, pues había amparos de diferentes pueblos y comunidades porque la pasada administración, al asignar contratos, no realizó debidamente los procesos de consulta y autorización de las poblaciones, a las que estaba obligada.

Entre los casos expuestos, destacaba el del Gasoducto Sonora, contratado con IEnova, la filial de Sempra Energy, trasnacional energética con numerosos contratos durante la pasada administración.

En ese caso, la obra estaba suspendida por el amparo concedido y con suspensión vigente, a la comunidad yaqui de Loma de Bacún, un asunto por el que hay un preso político al que hasta este viernes hizo referencia el mandatario.

Durante 2019, López Obrador deslizó la sospecha sobre los amparos de las comunidades, afirmando que “no se sabía que había detrás”, equiparando sus procesos con los amparos que por entonces interpuso Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad contra la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México, iniciado la pasada administración.

El acuerdo conseguido con IEnova –cuyo presidente en México es Carlos Ruiz Sacristán (exsecretario de Comunicación y Transportes), y su directora es Tania Ortiz Mena (prima de la hoy exsecretaria de Medio Ambiente obradorista, Josefa González Blanco)–, implicó oficialmente una reducción en el cargo por capacidad instalada, previsto en relación a la cláusula de hecho fortuito o causa de fuerza mayor no atribuible a la empresa.

Y es que, en efecto, al contratarse la obra, la CFE en la administración peñista no tenía los deslindes ni los derechos de vía por lo que ese y al menos otros seis gasoductos quedaron pardos, con un elevado costo para el Estado mexicano, lo que hoy fue explicado por el mandatario, señalando que ese tipo de procesos fueron producto de la corrupción del régimen anterior.

Con información de Proceso.