Tras las declaraciones del gobernador Javier Corral, sobre las investigaciones que establecieron que el abogado Juan Collado, colaboró con el ex gobernador Cesar Duarte para desviar recursos públicos para promover la dirigencia nacional PRI, del ex presidente Carlos Salinas, el fiscal general Cesar Peniche habló al respecto.

La Fiscalía de Chihuahua encabeza una denuncia por el desvío de 13.7 millones de pesos que, de acuerdo con testigos, Juan Collado ayudó a desviar de la administración de Duarte Jáquez por medio de un contrato de servicios profesionales en materia jurídica que nunca se concretaron y que en realidad tenían un destinatario: el expresidente Carlos Salinas de Gortari.

El expresidente habría recibido 13.7 millones de pesos del erario de Chihuahua a cambio de impulsar la candidatura de César Duarte para la dirigencia del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

“En esta audiencia de juicio oral se da a conocer que existe un compromiso de entregar determinada cantidad de dinero a este abogado (Collado) para lograr algunos contactos o reuniones con el expresidente Carlos Salinas de Gortari. Es decir, es un pago de compromisos políticos extralegales y desde luego no previstos en el presupuesto del estado de Chihuahua”, dijo a SinEmbargo César Augusto Peniche Espejel, Fiscal de Chihuahua.

Los testimonios de los testigos que presentó la Fiscalía de Chihuahua en el juicio oral que se realizó el 2 de septiembre abren la puerta para que por primera vez en la historia moderna de México un expresidente declaré ante el Ministerio Público por un caso de corrupción. Luis Echeverría Álvarez fue citado el 2 de julio de 2002, pero por la matanza de los estudiantes en Tlatelolco ocurrida en 1968.

“Con la investigación complementaria que se tiene que dar dentro de la etapa procesal, pretendemos recabar la mayor cantidad de pruebas y es probable que el Ministerio Público tome la determinación de girar un citatorio a esta persona (Carlos Salinas) para que declare en relación a los hechos”, explicó el Fiscal de Chihuahua en entrevista. “Desde luego por estrategia judicial hay que reunir más datos de prueba para que efectivamente cuando sea citado se le pueda ya hacer algún señalamiento en particular”.

La Fiscalía de Chihuahua se convertiría entonces en la dependencia que se encargaría de emitir cargos en contra de Salinas de Gortari sin la necesidad de la consulta planteada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual, de acuerdo con las encuestas de los diarios El Universal y El Financiero, es anhelada por el 80 y 78 por ciento de los mexicanos, respectivamente.

López Obrador ha señalado en reiteradas ocasiones al expresidente Carlos Salinas de ser “el padre de la desigualdad moderna” y de vender el patrimonio de México mediante las privatizaciones. De acuerdo con la ley, el Presidente puede mandar la iniciativa para enjuiciar a los expresidentes para que la valide o no la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Las otras dos vías son, como él explicó, que lo solicite una tercera parte de los legisladores, ya sean de la Cámara de Diputados o Senadores o las firmas del 2 por ciento de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral, es decir, cerca de 1 millón 600 mil.

Pero la denuncia de la Fiscalía de Chihuahua contra Juan Collado por el delito de peculado agravado abriría otro frente para que Salinas de Gortari sea llamado a declarar y en su caso sea juzgado.

César Duarte, quien fue catalogado por el expresidente Enrique Peña Nieto como parte de la generación “del nuevo PRI”, era el único de los exgobernadores acusados de corrupción que faltaba por ser detenido. En esa lista están también Javier Duarte (Veracruz); Tomás Yarrington (Tamaulipas); Roberto Borge (Quintana Roo) y Guillermo Padrés (Sonora), éste último del Partido Acción Nacional (PAN).

El exgobernador tiene un cúmulo de 21 órdenes de aprehensión por su posible relación con desvíos. Pero no actuó solo. Es señalado por el Gobierno actual de Chihuahua, encabezado por el panista Javier Corral Jurado, de haber dirigido una “red de corrupción política” que se tejió entre la complicidad de exfuncionarios estatales y particulares para el enriquecimiento personal.

Este entramado ha tenido cauce en más de 50 expedientes de la Secretaría de la Función Pública estatal y la Auditoría Superior estatal calcula un daño al patrimonio de la entidad por 6 mil millones de pesos con la implicación de 43 exfuncionarios que van desde exsecretarios locales, el exauditor Superior local que ocultaba irregularidades y miembros del PRI.

Con información de Sin Embargo.