Los diputados del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) presentaron una iniciativa para modificar el Artículo 35 de la Constitución, y poder realizar la consulta ciudadana sobre el enjuiciamiento a expresidentes el mismo día de las elecciones del 2021.

El grupo parlamentario de Morena argumentó que con esto se evitaría que haya dos jornadas similares en lapsos distintos, ya que el Artículo señala que las consultas populares se lleven a cabo dos meses después de los comicios en año electoral.

La propuesta fue emitida por Pablo Gómez, vicecoordinador de Morena en la Cámara baja, quien indicó que con esta modificación constitucional se reducirían costos y se generaría una mayor participación ciudadana.

“Esta modificación habría de permitir una optimización de esfuerzo y recursos de la autoridad electoral, que podría utilizar las mismas casillas, funcionarios, infraestructura y demás bienes e insumos destinados a la realización de la elección”, resaltó.

El legislador recordó que de acuerdo a la Constitución, la jornada de la consulta ciudadana necesita al menos el 40 por ciento de la población inscrita en la lista nominal del Instituto Nacional Electoral (INE) para que el resultado sea vinculatorio para las autoridades correspondientes. Con ello, destacó la importancia de acercar a los mexicanos y las mexicanas el día de las elecciones del 2021.

“La presente iniciativa propone modificar al Artículo 35, en el numeral 5º de su fracción VIII, a fin de recorrer la fecha de la jornada de consulta al 1 de junio, es decir, al mismo día en que se verifica la jornada comicial en año electoral. Esa modificación habría de permitir una optimización de esfuerzo y recursos de la autoridad electoral, que podría utilizar las mismas casillas, funcionarios, infraestructura y demás bienes e insumos destinados a la realización de la elección. Por otra parte, favorecería la emisión de un nivel adecuado de votos en la consulta popular, por lo que recuperaría el potencial de este instrumento como medio efectivo de participación ciudadana en la conducción de los asuntos públicos”, finalizó Gómez.

El pasado 7 de octubre, Ricardo Monreal Ávila, coordinador del Grupo Parlamentario del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el Senado de la República, comunicó que impulsará una iniciativa para llevar a cabo la Consulta Popular para enjuiciar a expresidentes el 6 de junio del próximo año, día de elecciones.

En entrevista con medios de comunicación, Monreal destacó que el argumento principal de los detractores de la realización de la consulta en agosto de 2021 es el costo, el cual calculan que será de entre seis mil millones u ocho mil millones de pesos. Comentó que es posible no gastar ese dinero si se realiza el día durante el ejercicio electoral del siguiente año.

Adelantó que para hacer posible la reforma se requiere de mayoría calificada, es decir, dos terceras partes de los legisladores deben posicionarse a favor, por lo que será necesario el apoyo de la oposición.

Consideró que la población votaría de la misma manera el 6 de junio que el 6 de agosto, por lo que no tendría ninguna influencia que Morena se someta al veredicto de las urnas. “No va a cambiar la opinión del ciudadano, simplemente el ejercicio que se realice no tendrá costo adicional si se hace en el mes de junio, el mismo día de la elección”, afirmó.

Un día después, el 8 de octubre, el Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al Instituto Nacional Electoral (INE) que convoque a voluntarios que puedan aplicar la consulta ciudadana sobre el enjuiciamiento de los expresidentes.

Apuntó que esta iniciativa tiene la finalidad de reducir los costos de la consulta, luego de negar que ésta podría costar hasta ocho mil millones de pesos.

López Obrador explicó que probablemente habrá muchos ciudadanos que quieran ser voluntarios, ya que se trata de un tema de interés que converge a toda la población.

Suprema Corte declara constitucional la consulta ciudadana 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró este jueves la constitucionalidad del proyecto de consulta ciudadana enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para enjuiciar a los expresidentes en México.

Por seis votos contra cinco, los ministros de la SCJN declararon la consulta como constitucional. Algunos de ellos se pronunciaron por modificar la pregunta originalmente planteada para ajustarla a los límites de la Constitución.

Arturo Zaldívar, ministro presidente de la SCJN, descartó que la presente consulta busque restringir los derechos humanos o las garantías de aquellos que serían eventualmente señalados.

Zaldívar señaló que es falso que esta consulta implique la exposición mediática y estigmatizante durante su proceso de aplicación

"Lo que la consulta busca conocer es si la ciudadanía está de acuerdo en que las autoridades investiguen y, en su caso, sancionen (...); tiene la finalidad constitucional que busca recabar el sentir de la ciudadanía, una ventana para integrar la voz de todos.

"La Suprema Corte no puede guardar el derecho a la participación democrática a la ligera", sostuvo.

Quienes votaron por la constitucionalidad fueron los siguientes ministros y ministras: Arturo Zaldívar; Yasmín Esquivel; Margarita Ríos Farjat; Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena; Juan González Alcántara Carrancá; y Alberto Pérez Dayán.

Quienes votaron por la inconstitucionalidad de la consulta fueron los ministros Luis María Aguilar, Jorge Mario Pardo, Javier Laynez Potisek, Fernando Franco y Norma Piña.

El ministro Alfredo Gutiérrez pidió replantear la interpretación de la materia de la consulta.

Por otro lado, los ministros Alberto Pérez, Juan Luis González, Jorge Mario Pardo pidieron que se reformule la pregunta en la consulta.

El ministro Laynez Potisek se pronunció en contra de la constitucionalidad de la consulta, y dijo que sus opiniones no eran populares, pero que la justicia no estaba en consulta.

“La justicia no se consulta. Posiciones como la mía no son populares. Los jueces constitucionales no somos nombrados para ser o para ganar popularidad”, agregó.

El 24 de septiembre, el ministro Luis María Aguilar propuso la inconstitucionalidad de la consulta del titular del Ejecutivo y señaló que el objeto de la propuesta es violatorio a la Constitución porque somete a la voluntad del pueblo decisiones que pueden calificarse como transgresiones.

Aguilar destacó, además, que la propuesta de consulta presentada el pasado 15 de septiembre también implica desvirtuar la finalidad misma de este tipo de ejercicio ciudadano.

López Obrador pidió la mañana de este jueves al Pleno de la Suprema Corte que permitiera la participación de la ciudadanía en una consulta, y aseguró que enviaría una iniciativa para reformar el artículo 35 de la Carta Magna si su propuesta era rechazada en la Corte.

"Que no se le niegue al pueblo su derecho de participación, que se haga valer a plenitud la democracia (...). ¿Por qué negarle la participación a la gente? No hay que tenerle miedo al pueblo", dijo el presidente de México en Palacio Nacional.

Con información de Sin Embargo y El Financiero.