De acuerdo con fuentes del gobierno mexicano, que han tenido acceso a la información proporcionada por las autoridades estadounidenses sobre las investigaciones que dieron pie a la captura de Cienfuegos Zepeda, el exjefe militar no es el único que estaba en la mira de la DEA; otros militares de alto rango, tanto del Ejército como de la Secretaría de Marina en el sexenio peñista también han sido involucrados por las declaraciones del Chapo Guzmán y a varios de ellos se les han abierto expedientes y también podrían ser detenidos si llegan a pisar territorio de Estados Unidos.

La humillante detención del general Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa de México, es apenas el inicio de una serie de acusaciones e investigaciones que el gobierno de Estados Unidos tiene en curso a través de la DEA y de otras agencias federales. 

Todas las acusaciones se basan en declaraciones del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, quien proporcionó una lista de exfuncionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto que colaboraron y brindaron protección al Cártel de Sinaloa y a sus aliados durante el sexenio pasado.

En esa lista, según las fuentes mexicanas, también están varios exintegrantes del gabinete del expresidente Peña que colaboraron en áreas de seguridad y en el manejo de la política interna, algunos muy cercanos al grupo mexiquense, que hoy ocupan posiciones legislativas en el Congreso mexicano, y otros que también son generales del Ejército y que estuvieron en el desaparecido Estado Mayor Presidencial en el anterior gobierno. “Apenas unos cuantos del gabinete peñista se salvarían de estas investigaciones que abarcan lo mismo las Fuerzas Armadas, que la seguridad, Gobernación, migración, aduanas y hasta compadres de Peña Nieto. Quizás sólo dos exsecretarios peñistas podrían salvarse, Aurelio Nuño y Luis Videgaray, este último por su cercanía y sociedad con Jared Kushner”, comentó una de las fuentes.

Es decir, que con la información que le proporcionó a la DEA y a los Fiscales del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Joaquín El Chapo Guzmán habría ejecutado su venganza contra quienes en su momento recibieron dinero por protegerlo y luego lo traicionaron, primero con su detención el 22 de febrero de 2014, cuando fue llevado al Penal de Máxima Seguridad de El Altiplano, en Almoloya, de donde escaparía un año después, el 11 de julio de 2015, quizás también pagando a funcionarios del gobierno peñista, para ser recapturado 6 meses después en Los Mochis, Sinaloa, el 8 de enero de 2016.

Así que, si la detención del ex secretario de la Defensa cimbró a las Fuerzas Armadas y sacudió a las estructuras del viejo sistema político mexicano, preparémonos para otras posibles detenciones de funcionarios del más alto nivel en el gobierno de Peña Nieto. Desde exsecretarios de Estado hasta otros militares de cuatro estrellas y almirantes, así como exdirectores de áreas estratégicas de seguridad, aduanas y migración. Todos estarían en estos momentos en el radar del gobierno de Estados Unidos, en buena parte por las actuales campañas presidenciales en curso, pero incluso más allá de ellas. Es de tal tamaño y de tal peso la lista de nombres que tienen en la DEA, la mayoría de ellos mencionados por El Chapo Guzmán en sus declaraciones y testimonios para la justicia estadunidense, que incluso el expresidente de la República, Enrique Peña Nieto, no podría pisar en estos momentos el suelo de Estados Unidos sin que pudieran detenerlo. Es decir que Peña ya no podrá ir a Nueva York a los restaurantes que tanto le gustaba visitar con su nova Tania Ruiz.

El primer aviso de que había una investigación en contra del general Cienfuegos lo recibió el presidente López Obrador hace dos semanas y fue la embajadora en Washington, Martha Bárcena, la encargada de darle ese primer informe al presidente. La diplomática no tenía todos los detalles, pero sí avisó que el expediente estaba en manos de la DEA y que estaban tras la pista del exsecretario de Defensa, ya sea para solicitar una posible detención con fines de extradición o, para detenerlo, como finalmente sucedió, en cuanto pisara territorio estadunidense.

DETINENE AL EX JEFE DEL EJERCITO MEXICANO DEL GOBIERNO DE PEÑA NIETO:

Estados Unidos ha sacudido México con la detención del que fuera el jefe máximo del Ejército mexicano durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto, de 2012 a 2018. El general Salvador Cienfuegos fue arrestado el jueves por la noche en el aeropuerto de Los Ángeles a petición de la Agencia de Drogas Estadounidense (DEA), mientras viajaba con su familia. Horas después de la captura, el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, ha informado de que la justicia estadounidense lo acusa de cinco cargos relacionados con narcotráfico. Cienfuegos, de 72 años, está siendo investigado por la misma Corte de Nueva York que lleva el caso de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad con Felipe Calderón, y que sentenció a Joaquín El Chapo Guzmán. Se trata del golpe más importante al Ejército mexicano desde la detención del militar Jesús Gutiérrez Rebollo en 1997 considerado el zar antidrogas del Gobierno del expresidente Ernesto Zedillo, condenado en 2007 a 40 años de prisión por vínculos con el crimen organizado; y la primera vez en la historia de México que se detiene a un exsecretario de Defensa.

En la tarde de este viernes (16.30, hora de México) está prevista una conferencia de prensa desde Estados Unidos para dar más detalles sobre su acusación y el general será trasladado de Los Ángeles a Nueva York, informa la cancillería mexicana. “Es un hecho muy lamentable el que un exsecretario de la Defensa sea detenido acusado por vínculos con el narcotráfico”, ha declarado Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina y ha asegurado que en México no hay ninguna investigación abierta contra Cienfuegos.

“He sido informado por el embajador Christopher Landau de los Estados Unidos que el exsecretario de la Defensa Nacional, Gral. Salvador Cienfuegos Zepeda, ha sido detenido”, informaba el canciller Marcelo Ebrard en Twitter el jueves por la noche. Las autoridades mexicanas aseguran a este diario que no tenían constancia de ninguna investigación y fue el canciller el que informó al presidente del país.

El presidente mexicano ha celebrado este viernes en su conferencia de cada mañana la captura del general. “Lo del general Cienfuegos nos da la razón, ahora sí que duele tener la razón”, ha apuntado López Obrador. “Si no podemos hablar de un narcoestado, hablamos de un narcogobierno”, ha rematado el mandatario sobre los dos sexenios golpeados por la justicia estadounidense, el de Felipe Calderón (con la detención de García Luna) y el de Peña Nieto, con el arresto del general. Y reafirma la necesidad de la polémica consulta que ha propuesto sobre la investigación de los expresidentes, una medida que ha sido recientemente respaldada por la Suprema Corte y criticada por decenas de expertos al tratarse de una obligación del Estado perseguir criminales, no una decisión popular. “Qué bien que la Corte resolvió así. Imagínese cómo habría ahora quedado si llega a estar en contra de esto”, ha apuntado.

La detención de Cienfuegos supone un terremoto para la política mexicana y vuelve a poner en jaque a las fuerzas de seguridad del Estado por sus posibles vínculos con el crimen organizando. La captura en diciembre, también en Estados Unidos, de Genaro García Luna, evidenció las primeras grietas por las que se introdujo el narcotráfico en los anteriores Gobiernos. El que fuera secretario de Seguridad Pública en la Administración de Calderón (de 2006 a 2012) está acusado de colaborar con el cartel de Sinaloa durante los años de la guerra que emprendió el entonces presidente mexicano contra este tipo de delincuencia tras su llegada al poder. Aunque en la última audiencia de la semana pasada se declaró inocente, el tribunal estadounidense que lo juzga lo señala como el brazo del Gobierno que permitió al cartel más poderoso del mundo operar con total impunidad en México a cambio de sobornos millonarios.

El golpe de la justicia estadounidense del jueves destapa la fragilidad del Estado mexicano, con dos ex altos cargos señalados por crimen organizado fuera de sus fronteras. Dos hombres directamente encargados de la seguridad de México durante las etapas más violentas del país y en las que ambos Gobiernos, el de Calderón y el de Peña Nieto, se habían comprometido con su vecino del norte a combatir con dureza al narco mexicano.

Cienfuegos fue titular de Defensa entre 2012 y 2018, una cartera clave en la continuación de la guerra contra el narcotráfico de Calderón que siguió Peña Nieto hasta el fin de su mandato, aunque con la promesa de operaciones quirúrgicas para el descabezamiento de cárteles y no tanto los enfrentamientos directos de militares y el narco. Antes de su nombramiento en 2012, entre la terna de generales que se debatía el puesto, Cienfuegos destacaba como uno de los militares más influyentes del Ejército y el más experimentado en la diplomacia militar internacional. Nació en Ciudad de México en 1948 y comenzó su carrera en 1964. Fue también inspector y contralor general (funcionario encargado de controlar los gastos públicos) del Ejército y la Fuerza Aérea y comandante de las cuatro regiones militares más azotadas por el narcotráfico.

Cuando se cumplían 10 años de violencia de la guerra que comenzó Felipe Calderón contra los carteles de la droga en 2006 y las cifras de asesinados escalaban a más de 100.000 —además de cerca de 30.000 desaparecidos y 35.000 desplazados— Cienfuegos dijo estar en favor de que el Ejército dejara las calles. “¿Quieren que estemos en los cuarteles? Adelante. Yo sería el primero en levantar no una, las dos manos para que nos vayamos a hacer nuestras tareas constitucionales”, dijo el general en 2016 al recordar que el ministerio que encabezaba fue creado para la seguridad exterior y que la seguridad interior estaba a cargo de la Secretaría de Gobernación.

El general Cienfuegos habló entonces con franqueza sobre la incertidumbre en la que se mueven los soldados mexicanos, comisionados por el presidente Felipe Calderón para combatir a los cárteles desde el 11 de diciembre de 2006. Desde entonces, los operativos castrenses han sido señalados por el alto índice de letalidad que producen por el uso excesivo de la fuerza y por reiteradas violaciones de derechos humanos. “¿Qué queremos? Que las Fuerzas Armadas tengan un marco [legal] que los respalde cuando tengan que actuar, que no seamos señalados por cuestiones que son propias de las operaciones que realizamos… Nos encantaría que la policía hiciera su tarea para lo que está”, afirmó.

Estas palabras resuenan ahora tras los mandatos del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la militarización del país. La creación de la Guardia Nacional, un cuerpo que defendió desde poco después de tomar el poder en 2018, está compuesto en su mayoría por soldados y también agentes de la policía federal. Las organizaciones de derechos humanos han criticado que su papel deja en manos del Ejército la seguridad pública de un país con las cifras más homicidas de la historia.

Con información de Valor Tamaulipeco.