En el "Programa 2020: La Pandemia con Jonathan Torres", el encargado de la UIF indicó que las denuncias presentadas están siendo atendidas junto con la Secretaría del Trabajo y el IMSS.

"Se está trabajando en dos vías, una con la Secretaría del Trabajo y con el IMSS para detectar a las empresas que realicen operaciones simuladas", aseveró el encargado de la UIF, quien advirtió que van contra este tipo de prácticas.

Y es que dijo, se han presentado ya 9 denuncias al respecto: «Hemos presentado en total nueve denuncias contra outsourcing, 15 denuncias en contra de factureras. Hemos tenido denuncias que se presentan por las tres vías para el outsourcing donde la institución presenta irregularidades de antigüedad, la imposibilidad de que los trabajadores tengan vacaciones.

Aseveró que van contra las empresas fachada: «Además de las empresas fachada como las empresas factureras que son utilizadas para el outsourcing para obtener mejores recursos, esto es una práctica que tiene que desaparecer.

Tras ser cuestionado sobre los modelos de outsourcing que realizan “malas prácticas”, Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), aseguró que se han presentado nueve denuncias relacionadas con este rubro.

Al ser cuestionado sobre el caso en específico del proceso contra Raúl Beyruti, de GINgroup, Nieto Castillo, afirmó que no puede dar avances del tema, debido a que la investigación se encuentra en curso.

LA REFORMA QUE VIENE PARA EL OUTSOURCING:

El gobierno federal alista cambios a la ley que regula los esquemas de subcontratación con los que busca abatir las malas prácticas que afectan a los trabajadores y al erario, pero enfrenta el desafío de evitar un impacto en la creación de empleos.

El Gobierno federal presentó una reforma para los esquemas de contratación por outsourcing, con el que pretende mejorar las condiciones de algunos trabajadores y evitar el boquete fiscal que las malas prácticas de algunas empresas que ofrecen estos servicios causan al erario.

Este esquema de contratación opera desde 2012, a través del cual una compañía encomienda la labor de administración de nómina a una tercera. Sin embargo, existen muchos casos en los que se utiliza esta figura para evitar el pago de impuestos y de prestaciones a los trabajadores.

Con la reforma al artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo, las autoridades buscan crear un registro nacional de contratistas, fortalecer las inspecciones que realiza la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y acotar este esquema para que las empresas no tengan el total de sus empleados subcontratados.

Asimismo propone que los puestos de trabajo de esta modalidad sean especializados y que no se contrate a personas que desempeñen la misma función que los trabajadores al servicio del contratante.

Desde el año pasado, las autoridades aprobaron cambios en el Artículo 5 de la Ley para detectar a los contratantes que registren a sus empleados con menores salarios de los que reciben ante las autoridades y para castigar a quienes encubren relaciones laborales con actos de simulación para evadir el pago de impuestos y prestaciones laborales.

Además se creó un mecanismo para cruzar la información del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), la Procuraduría Fiscal y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Sin embargo, expertos y algunos representantes de la iniciativa privada consideran que la sobrerregulación de este esquema puede tener afectaciones a la economía, no obstante ven necesario acabar con las malas prácticas de este esquema.

“La parte fundamental y que no se ha hecho por muchos años es la revisión. Antes no se contaba con las herramientas informáticas y ahora no se les ha dado importancia, pero por más leyes que hagan, si no hay supervisión, vigilancia y sanción, será ley muerta como en el presente ya sucede”, opina Armando Leñero, presidente del Centro de Estudios para el Empleo Formal (CEEF).

El mal desempeño de algunas compañías que ofrecen los servicios de tercerización por outsourcing impulsan la generación de puestos de trabajo con menos paga dado que la mayoría de los trabajadores que se emplean bajo este esquema están registrados ante las autoridades con un máximo de dos salarios mínimos.

De los 53.3 millones de trabajadores del sector formal e informal registrados durante el primer trimestre del año, 32.3 millones percibían entre uno y hasta dos salarios mínimos, lo que representa 58.3 por ciento de la fuerza laboral.

El porcentaje de trabajadores registrados con estos salarios durante el primer cuarto del año aumentó en 6.9 puntos porcentuales frente al cierre de 2019, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo que elabora el Inegi.

Las malas prácticas de patrones que contratan a sus empleados bajo ese esquema impulsan la generación de puestos de trabajo con bajos salarios, menores cuotas patronales que terminan por mermar los ahorros para el retiro, para vivienda, las utilidades y hasta la antigüedad.

Si bien, la intención es buena, un endurecimiento de la ley podría aumentar la informalidad laboral, porque sería una barrera para las contracciones en pequeñas y medianas empresas que se encuentran dentro del sector de los servicios.

Al respecto, Leñero comparte que son alrededor de 4.5 millones de empleados quienes están subcontratados por outsourcing, un millón de ellos labora en pequeñas empresas, dos millones en medianas y el resto en las grandes.

“Las pequeñas y medianas empresas van por este esquema porque el trato administrativo representa un gasto muy fuerte y para ellas es mejor que lo haga un tercero a tener problemas legales y multas por no pagar adecuadamente”, añade el presidente del CEEF.

Las normativas, en caso de aprobarse, también podrían impactar de forma negativa la creación de nuevas plazas laborales, considera Leñero, dado que se verá una afectación a los empleos temporales de empresas que tienen un aumento de empleo en trabajos iguales.

En tanto, hay empresas que realizan servicios de subcontratación que no describen esta actividad en su Acta Constitutiva, por ello, sería más eficiente que el registro de contratistas también considere la información de los trabajadores registrados bajo este esquema, por lo que será necesaria la labor de los inspectores de la STPS.

Con informacion de El Gato Político.