En las revisiones de las cuentas públicas que realizó durante los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) emitió 23 mil pliegos de observaciones; de ellas, pudo confirmar irregularidades en solamente una décima parte, que derivaron en apenas mil 4 denuncias, las cuales desembocaron en tan solo 22 sentencias... 12 de las cuales están todavía en amparo, señaló un informe de México Evalúa y el Tecnológico de Monterrey.

El próximo viernes, la ASF entregará un primer paquete de informes sobre la Cuenta Pública 2019, correspondiente al primer año de administración de Andrés Manuel López Obrador, y para ese año el número de auditorías planeado por el organismo fiscalizador es menor en un 29% al de 2018, según el informe.

Aparte, el 70% del monto que la ASF auditará para 2019 trata del gasto federalizado, es decir, sobre el uso que los gobiernos estatales y locales hicieron con los recursos que les envió el gobierno federal, observó Eduardo Bojórquez, director de la organización Transparencia Mexicana.

La ASF debía entregar su primer paquete de informes en junio pasado, pospuso la entrega a octubre debido a la pandemia de covid-19, y todavía no se sabe cuáles de las mil 365 auditorías contempladas para la revisión de 2019 se publicarán.

La ASF se dio a la tarea de revisar algunas de ellas. Revisarán el cumplimiento de los principales programas y proyectos del gobierno actual, como el Tren Maya, los programas de Bienestar, el Aeropuerto de Santa Lucía, el Corredor Interoceánico, o la gestión financiera del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.

De este total, la ASF contempló nueve auditorías forenses, a través de las cuales revisará la contratación de los “servidores de la nación” en la Secretaría de Bienestar, los programas Jóvenes Construyendo el Futuro y las Becas para el Bienestar Benito Juárez, así como las gestiones de la Secretaría de Cultura, de la Comisión Nacional del Deporte (Conade) y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

Durante la presentación del informe “La ASF y la fiscalización en tiempos de mayoría”, Marco Fernández, investigador en México Evalúa, sostuvo que en los últimos 20 años se han realizado 19 mil 419 auditorías, que generaron más de 150 mil acciones de la ASF, sobre un monto total de más de 2 billones de pesos, pero el organismo fiscalizador solo logró recuperaciones por un 10.9%.

Aparte, el investigador señaló incoherencias en la gestión de las auditorías, pues la ASF documentó irregularidades en temas de gran relevancia como los contratos del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) o la adquisición de Grupo Fertinal, pero en los años posteriores no llevó a cabo auditorías forenses para ir más allá de la observación superficial.

Durante la presentación del informe, académicos y activistas recalcaron que la ASF es un pilar fundamental del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), impulsado durante el sexenio de Peña Nieto con el objetivo anunciado de articular diversas agencias del Estado mexicano para combatir la corrupción.

Sin embargo, insistieron en que el gobierno de López Obrador tiene paralizado al SNA, el cual aún no opera como debería. “Está muriendo de inanición el SNA (…) parece que hay voluntad de que esto no camine”, deploró el diputado Mario Alberto Rodríguez, integrante de la Comisión de Vigilancia de la ASF.

Según Bojórquez, la parálisis del SNA es una muestra que “las mayorías políticas se imponen, y que la razón política está encima de la razón de Estado”.

Tras recalcar, cautelosamente, que “no buscamos sabotear” la labor de la ASF, Arturo Sánchez Gutiérrez, director de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública en el Tecnológico de Monterrey recalcó: “la ASF no le pertenece a nadie, le pertenece a los mexicanos y a la Cámara de Diputados”. Y advirtió: “vamos a ver este viernes qué definiciones y qué aciertos logra esta auditoría”.

“Hay un contexto político importante, es relevante en virtud de que esta administración ha sido muy prolija en su discurso contra la corrupción. Rendir cuentas no resulta fácil, y combatir integralmente a la corrupción no resulta fácil”, abundó.

Pela y Calderón dejaron el país en manos del crimen organizado

La detención en Estados Unidos del general Salvador Cienfuegos Zepeda –secretario de la Defensa Nacional de diciembre de 2012 a noviembre de 2018– revela que el crimen organizado, en particular el narcotráfico, tomó el mando del país en los sexenios de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.

La acusación en su contra, que lo vincularía con el Cártel de los Beltrán Leyva –o al menos a una facción de éste: el Cártel H-2–, apunta claramente el tamaño de la corrupción que privó en los gobiernos pasados.

De resultar ciertas las imputaciones del gobierno de Estados Unidos contra el general Cienfuegos, el más alto mando de la defensa de México –sólo por debajo del entonces presidente de la República, Enrique Peña– se habría sujetado a los intereses de una rama violenta de la criminalidad, favoreciendo la crisis humanitaria que asola a la nación, a cambio de dinero.

La Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) señala que el exsecretario de la Defensa recibía sobornos para beneficiar el negocio criminal del Cártel H-2, y por ello sus subordinados detenían y torturaban a los enemigos de ese grupo, le permitían traficar impunemente drogas prohibidas y armas, y también que ejerciera violencia sin enfrentar consecuencias penales por ello.

El tema es sumamente grave: la Secretaría de la Defensa Nacional es la institución encargada de “defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación; garantizar la seguridad interior; auxiliar a la población civil en casos de necesidades públicas; realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país; prestar ayuda para el mantenimiento del orden, auxilio de las personas y sus bienes y la reconstrucción de las zonas afectadas en caso de desastres”.

Además, en el contexto de la violencia que Calderón heredó a Peña, en la Sedena descansó una de las políticas más importantes del gobierno en turno: la lucha contra el crimen organizado en su combate frontal, que costó miles de vidas no sólo de civiles, sino también de militares que estaban bajo las órdenes de un jefe presuntamente corrupto. Es decir que el general no sólo sería responsable de conspirar o recibir sobornos, sino sobre todo de los crímenes asociados a estos actos de corrupción, incluidas las ejecuciones.

Pero ya de por sí es grave el solo hecho de aceptar pagos de la delincuencia organizada, pues al corromper al secretario de la Defensa, el narcotráfico –en este caso el Cártel H-2– se puso por encima de los intereses de la nación. De ser así, Cienfuegos Zepeda cedió su mando a los criminales y puso a disposición de éstos una fuerza armada de más de 250 mil militares, porque en la disciplina del cuerpo castrense los efectivos jamás rehúsan cumplir una orden de su mando.

Aunado a ello, resulta imposible pensar que si el general se corrompió ante un grupo criminal –según la DEA, el Cártel H-2–, fue ético e impecable en las otras áreas de su competencia. Casi en automático, su detención pone en duda toda su labor como secretario de la Defensa Nacional, todas sus decisiones deberían ser escrutadas a partir de ahora.

Tampoco resulta creíble que su jefe, el expresidente Peña, fuera ajeno a esta corrupción. Por ello es urgente que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ordene una investigación a fondo que analice tanto las finanzas de los involucrados, como la toma de decisiones en los casos emblemáticos de corrupción y crímenes de lesa humanidad.

Así, el proceso judicial en Estados Unidos es una oportunidad en México para acabar con la impunidad al más alto nivel. Y si hasta ahora el general Cienfuegos y el expresidente Peña no eran objeto de investigaciones sobre su presunta participación en crímenes como la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, es momento de que se les abra un expediente en ese sentido. Sólo así podremos saber exactamente hasta dónde llegó la colusión del crimen organizado con el Ejército Mexicano y por qué se ha querido ocultar la verdad en ése y otros actos de lesa humanidad.

Por supuesto, esto mismo debería hacerse con los altos funcionarios del sexenio anterior, empezando con Felipe Calderón Hinojosa, pues no debemos olvidar que su súper-policía Genaro García Luna –exsecretario de Seguridad Pública acusado de colaborar con el Cártel de Sinaloa– es la principal prueba de la farsa de la “guerra” contra el narcotráfico, que trajo como secuela una terrible crisis de derechos humanos que aún no podemos superar. Sin importar que cargos ocuparon en el pasado, se les debe juzgar y, en caso de ser responsables, condenar. Todos los criminales merecen la cárcel.

Con información de Proceso y Contralínea.