Por: Lizbeth Álvarez Martínez.
La Jefa de Gobierno, Claudia
Sheinbaum Pardo, resaltó que todos los proyectos de la inversión privada en la
Ciudad de México deben estar en el marco de la ley y cumplir con las normas
establecidas, con el fin de evitar una situación similar como la ocurrida en la
obra inmobiliaria de Presa Anzaldo, Alcaldía Álvaro Obregón, misma que se
construyó sin permisos y sobre un vaso regulador de la capital del país, por lo
que el viernes pasado inició su demolición.
“Como hemos dicho en otras
ocasiones, como lo dice el Presidente de la República: al margen de la ley
nada, por encima de la ley, nadie. Nosotros queremos que haya inversión privada
en la ciudad, pero siempre tiene que estar en el marco de la ley, y particularmente,
la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda ha estado suspendiendo diversos,
o suspendió el año pasado principalmente, diversos desarrollos que estaban
fuera de la ley”, puntualizó.
Sheinbaum Pardo, explicó que,
la mayoría de los desarrolladores inmobiliarios que no cumplían con las normas
acudieron ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI) para
ajustar sus proyectos. Sin embargo, dijo, en el caso de la obra en Presa
Anzaldo no ocurrió así, continuaron con las obras de construcción y cuando se
terminó el plazo de suspensión del Tribunal de Justicia Administrativa de la
Ciudad de México (TJACDMX), iniciaron los trabajos de demolición cuyo costo
correrá a cargo de la empresa.
Por su parte, la secretaria
del Medio Ambiente (Sedema), Marina Robles García, señaló que el desarrollo
inmobiliario contaba con diversas condiciones de incumplimiento para el
proyecto ubicado en Periférico 3042, por lo que la empresa deberá pagar una
multa de 61 millones de pesos y tiene la obligación de restaurar el sitio, así
como asumir el costo de la demolición que asciende a un estimado de 30 millones
de pesos.
Las condiciones de
incumplimiento que llevaron a la demolición son las siguientes:
-El desarrollador no demostró
que tuviera uso de suelo que le permitiera hacer este tipo de obra.
-No se contaba con Dictamen de
Impacto Urbano, Manifestación de Impacto Ambiental y había irregularidades en
la manifestación de construcción.
-El proyecto contaba con
negativa en materia ambiental.
-Construyó sin autorización.
-Invadió la zona federal (el
cuerpo de agua).
Robles García comentó que el
proceso de demolición será de 60 días y en el lugar se encuentran trabajando 80
personas de la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse), con el apoyo de las
Secretarías de Seguridad Ciudadana (SSC), de Gestión Integral de Riesgos y
Protección Civil (SGIRPC), y del Instituto de Verificación Administrativa
(INVEA).
A la fecha, se tenía una
superficie de construcción total de 53 mil 22.974 m2, que representa el 75 por
ciento de avance con respecto al proyecto completo, con una inversión de 402
millones 51 mil 855 pesos.