Se reveló partes de una denuncia que Zebadúa interpuso ante la Fiscalía General de la República (FGR) en búsqueda de un "criterio de oportunidad"; dicha acusación contra el exsecretario de Hacienda y de Relaciones Exteriores de Peña Nieto se suma a otras denuncias recientes, realizadas por Emilio Lozoya Austin y sus cercanos en Pemex, quienes señalaron a Videgaray como autor intelectual de las tramas de corrupción de Odebrecht y de sobornos a legisladores del PAN.

 A lo largo del sexenio pasado, Luis Videgaray Caso, el amigo y cerebro financiero del expresidente Enrique Peña Nieto, habría ideado y ordenado los esquemas de desvíos multimillonarios de recursos públicos conocidos como Estafa Maestra, según acusó Emilio Zebadúa González, el operador principal de estos fraudes en las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

En su denuncia, el otrora Oficial Mayor de Rosario Robles Berlanga incriminó a Videgaray de ordenar los desvíos, no solamente en las Sedesol y Sedatu sino en una "docena de dependencias" federales, para "la promoción publicitaria, político-electoral del presidente, su gobierno y el su partido político, sin que existieran previamente programas formalmente presupuestados para ellos" y también para "desviar recursos públicos para el financiamiento de campañas políticas".

De paso, su declaración hundió todavía más a Robles, quien fue su jefa durante todo el sexenio anterior, pues sostuvo que ella no solo estuvo enterada desde un principio sobre los desvíos, sino que participó activamente en el diseñó de "estrategias jurídicas" en reuniones semanales en el penthouse de la Sedesol, por lo que Zebadúa aseguró que "ella y sus cercanos establecían el modus operandi de la Estafa Maestra”.

De resultar ciertas, estas declaraciones derrumbarían toda la defensa de Robles, quien desde la cárcel siempre clamó su inocencia, o al menos du desconocimiento de los esquemas fraudulentos.

“La secretaria Rosario Robles me comentó que en consulta con el secretario Videgaray le había propuesto contratar empresas privadas que proveerían servicios inherentes a la campaña de la Cruzada Nacional contra el Hambre, mediante la utilización de Universidades Públicas, ya que la Ley de adquisiciones lo permitía y a la vez facilitaba decidir a priori a los proveedores”, sostuvo Zebadúa.

De acuerdo con el reportaje, elaborado por los periodistas Nayeli Roldán y Arturo Ángel, en su declaración ministerial de 18 hojas, entregada el pasado 19 de octubre, Zebadúa se deslindó de cualquier irregularidad, lo cual es falso, pues fue él y su área fueron actores clave en los esquemas y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) le detectó operaciones financieras de 205 millones de pesos.

Zebadúa declaró que Videgaray tuvo la idea de dotar varias dependencias de "recursos extraordinarios", a través de solicitudes de ampliación y ejercicio de los recursos, que se canalizaron a través de entes públicos estatales y empresas fantasmas.

En la Sedesol y la Sedatu, según Animal Político, Francisco Báez, director general de Programación y Presupuestación, enviaba la solicitud a la Unidad de Política y Control Presupuestal de Hacienda, entonces a cargo de Isaac Gamboa Lozano --quien fue involucrado en los desvíos multimillonarios en Chihuahua y fue asesinado en Morelos en mayo pasado--; ése, a su vez, la pasaba a la subsecretaría de Egresos de Hacienda, de Alejandro Sibaja Ríos, "subalterno directo de Videgaray".

Aparte de la Sedesol y la Sedatu, Zebadúa indicó que estos esquemas se llevaron a cabo en las secretarías de Agricultura (Sagarpa), Economía (SE), Comunicaciones y Transportes (SCT), el ISSSTE y Pemex, "entre otras".

“También la secretaria Robles me expresó que Luis Videgaray le expuso la necesidad de canalizar recursos de la Sedesol para el pago de deudas de compromisos de la campaña electoral presidencial que él había coordinado para el presidente Enrique Peña Nieto”, dijo Zebadúa.

Y abundó que, saliendo de una reunión con Videgaray, Robles le dijo que "por instrucciones del doctor Videgaray debía alguna de las subsecretarías de la Sedesol, en particular aquella a cargo de Javier Guerrero García, contratar una o varias empresas para poder cubrir un compromiso de campaña de cerca de mil millones de pesos que se les adeudaba a los dueños”.

De acuerdo con el hombre, Robles ordenó la firma de convenios con universidades en la Sedesol a través de diversas áreas y de sus subordinados, entre ellas Rocío Bolaños, Ramón Sosamontes y Gustavo Rodríguez; José Antolino Orozco Martínez, Javier Guerrero; y María de la Luz Vargas

La Estafa Maestra: de 11 órdenes de aprehensión, la FGR sólo tiene dos detenidos:

La Fiscalía General de la República (FGR) libró 11 órdenes de captura derivado de la investigación relacionada a “La Estafa Maestra”, un esquema de defraudación y desvío de recursos en el que se vieron involucradas universidades públicas, secretarías de Estado y empresas fantasma.

De acuerdo con la investigación de Nayeli Roldán de Animal Político, Rosario Robles fue parte de este esquema de lavado de dinero cuando prestaba sus servicios como titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

Dichas órdenes de aprehensión fueron solicitadas por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la fiscalía y fueron incluidas a la carpeta de investigación FED/SEIDO/UEIORPIFAM-CDMX/0001220/2019.

Las órdenes giradas por la fiscalía que dirige Alejandro Gertz Manero señalan los cargos de delincuencia organizada y lavado de dinero. De entre las personas a las que van dirigidas, sobresalen la ex secretaria de Enrique Peña Nieto, Simón Pedro de León Mojarro, ex coordinador de delegaciones estatales de Sedesol y que ahora se encuentra prófugo; Luis Antonio “N”, presunto accionista de una de las empresas que recibió los recursos; y María de la Luz “N”, ex directora general adjunta de Integración de Padrones de la misma secretaría.

Los últimos dos ya fueron detenidos por elementos de la fiscalía y fueron trasladados a prisiones federales. Luis Antonio se encuentra en el Centro Federal de Readaptación Social N 1 del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México. Por su parte, María de la Luz fue llevada al Centro Federal de Readaptación Social N 16 Femenil en el estado de Morelos.

De acuerdo con una nota de Animal Político, otra orden de aprehensión fue girada en contra de Jesús Alejandro Vera Jiménez, ex director de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), quien ya fue acusado por el delito de peculado por parte de la Fiscalía General del Estado. 

El caso de la llamada Estafa Maestra fue revelado aún durante el sexenio del abanderado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Peña Nieto; sin embargo, a pesar de que Roldán presentara evidencia suficiente para que la Secretaría de la Función Pública (SFP), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) inicien un proceso de auditoría y contraloría contra los señalados en el reportaje, fue hasta que Andrés Manuel López Obrador tomó protesta como presidente de México para que el aparato de Estado se movilizara para determinar las responsabilidades correspondientes en el caso.

Por su cuenta, Robles Berlanga continúa llevando su proceso dentro de las instalaciones del Reclusorio para Mujeres de Santa Martha Acatitla, al oriente de la Ciudad de México desde hace poco más de un año.

Cabe mencionar que todos los amparos promovidos por la ex secretaria federal para llevar en libertad su proceso penal han sido desechados por los jueces a cargo del caso.

Como si esto no fuera suficiente, la UIF interpuso otra denuncia en su contra ante la FGR el pasado 9 de noviembre. Esto sería porque tanto a la ex funcionaria como a sus colaboradores les habría tomado sólo unos días deshacerse de millones de pesos por medio de desvíos desde la Sedesol y la Sedatu cuando ella se encontraba a cargo.

De acuerdo con información de El Universal, el ex oficial mayor de ambas dependencia , Emilio Zebadúa, habría transferido 16 millones 835,899.84 pesos a personas físicas sin ningún tipo de relación con las secretarías. El documento de la UIF especificaría que “los recursos en dichas cuentas bancarias fueron dispuestos de manera rápida, observándose una falta de permanencia de recursos en las mismas”.

Estas acciones durante la 4T han puesto un panorama negativo contra la ex funcionaria. Ahora toca esperar el avance de las investigaciones para que se determine la culpabilidad o inocencia de la acusada.

Con información de Proceso.