La iniciativa contra la subcontratación o outsourcing prevé sanciones de cárcel de hasta 13 años y medio por la comisión del delito de defraudación fiscal o por la preparación y ejecución de dichas esquemas que se considerarán como delincuencia organizada, detalló el titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación, Juan Carlos Romero Aranda.

La iniciativa impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) busca prohibir la subcontratación laboral y de acuerdo con el funcionario, quien participó en el parlamento abierto que convocó la Cámara de Diputados, la definición es acorde a la reforma fiscal que ha estado vigente desde enero de 2020.

Romero Aranda detalló que las empresas que han optado por el esquema del outsourcing tienen la posibilidad de regularizarse antes de que se emprenda el proceso penal, debido a que se violan los derechos de los trabajadores y se elude el pago de importantes sumas de impuestos.

En opinión del funcionario, la defraudación fiscal se ha sofisticado porque se emplean a despachos de abogados y contadores para su comisión, quienes ofrecen estrategias a las empresas para que eviten pagar las contribuciones a las que por ley están obligadas y distribuyan entre sus empleados los recursos que corresponden, reporta el diario La Jornada.

Con base en un reporte de 2016, hasta entonces existían 900 empresas que ofrecían servicios de outsourcing de las que sólo 337 se encontraban registradas ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), 100 no estaban das de alta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y sólo 40 pagaban impuestos.

La STPS reporta que alrededor de 6 mil empresas evaden el pago de impuestos por 21 millones de pesos al año, además mil 200 funcionan con esquemas de subcontratación ilegal en las que están registrados 862 mil 489 mil trabajadores.

Don José, el albañil que estudió leyes para hacer JUSTICIA y meter a la cárcel al asesino de su hija

Diana era estudiante de administración de empresas en la Universidad Autónoma del Estado de México, fue asesinada de 16 puñaladas.

Diana buscaba obtener una orden de restricción dos meses antes de su feminicidio, ya que su pareja la había agredido físicamente, pero le negaron protección y finalmente apareció sin vida. Por falta de recursos económicos para contratar asesoría legal, José Diego, quien es albañil, comenzó a leer acerca de las leyes mexicanas, con el objetivo de que el responsable pagara por lo que hizo.

José Diego Suárez Padilla pasó años estudiando leyes y peleando en los juzgados del Estado de México para conseguir justicia por el feminicidio de su hija, Rosa Diana Suárez Torres, el 31 de diciembre de 2010.

Al final logró que el responsable fuera enjuiciado. En una entrevista para medios, José Diego dijo que “le tenían que haber puesto un médico legista, no se lo pusieron. Les dijo que la había amenazado de muerte, tampoco consideraron que eso fuera delito”.

En ese entonces se le negó la ayuda por parte de las autoridades ya que según “las órdenes de protección sólo se dan en Estados Unidos (…) no te robó el celular, tú se lo entregaste” y “las peleas entre novios no son un delito”.

Tras nueve años de estudio y de acudir a los juzgados José Diego consiguió una sentencia de 67 años de prisión para el feminicida.

Con información de SDP Noticias