La guardería otorgaba sus servicios de manera subrogada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

La Fiscalía General de la República (FGR), vinculó a proceso a Sergio Salazar Salazar y Carla Rochin Nieto por el caso del incendio de la Guardería ABC, ocurrido el 5 de junio de 2009 en Hermosillo, Sonora, en la que perdieron la vida 49 infantes. 

Cabe mencionar que Sergio Salazar se desempeñaba como  director de Prestaciones Económicas y Sociales, mientras que  Carla Rochín tenía el cargo como coordinadora Nacional de Guarderías del IMSS, y la FGR consideró que fueron omisos en cumplir con los deberes que les imponían las normas y lineamientos que regulaban el servicio de guarderías.

En su momento la entonces Procuraduría General de la República (PGR) ejecutó acción penal en contra de 22 personas, entre las que se encontraban servidores públicos del IMSS, del Gobierno de Sonora, del Gobierno municipal de Hermosillo e integrantes de la Sociedad Civil denominada “Guardería ABC”. 

En este sentido el Juez Primero de Distrito en el estado de Sonora dictó sentencia condenatoria el 13 de mayo de 2016 en contra de 19 de los involucrados, donde se encontraban servidores públicos de los tres niveles de gobierno; así como de la representante legal y un miembro del consejo de administración de la guardería.

Dicho fallo judicial actualmente se encuentra  por resolverse en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).No obstante, hay una exigencia social de una justicia efectiva que incluya a funcionarios de alto nivel. 

Por lo cual el 25 de febrero de 2020, el IMSS presentó denuncia de hechos en la que se involucró a funcionarios de alto nivel de ese organismo. 

Derivado de la denuncia se inició una carpeta de investigación correspondiente, se realizaron la indagatorias correspondientes y como resultado  el Ministerio Público Federal (MPF) determinó ejercitar acción penal en contra de los servidores públicos.

De haberlos atendido, probablemente se hubiera evitado el incendio de la Guardería ABC, o minimizado el riesgo de que esto ocurriera, con lo que también pudo haberse evitado la muerte de los menores de edad y las lesiones de los menores y adultos afectados, indicó la FGR.

Tras el dictamen el 5 de noviembre de 2020, la FGR solicitó al Juez de Control, librar la orden de aprehensión en contra de los funcionarios, orden que se cumplimento cuatro días después.

Una vez puestos a disposición del Juez Federal de Control en Hermosillo, Sonora, se solicitó audiencia inicial por parte del MPF, llevándose a cabo los días 13 y 18 de noviembre de 2020, en donde el juez resolvió vincular a proceso a los imputados, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de lesiones y homicidio culposos, en su modalidad de comisión por omisión, reiterando la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

Caso Guardería ABC: 10 años en demanda de justicia:

Emilia Fraijo Navarro tendría hoy 13 años y tres meses. Su papá, Abraham Fraijo, desde hace una década despierta todos los días pensando en qué estaría haciendo su pequeña en estos momentos.

"El levantarte y recordar, el levantarte y exigir y estar esperando (justicia) es sumamente desgastante. A eso le sumamos la ausencia, el coraje, el dolor, el pensar qué habría hecho Emilia en estos 10 años...", dijo Fraijo, hoy de 38 años, en entrevista con Expansión Política.

El 5 de junio de 2009, Emilia —entonces de tres años— y otros 48 niños murieron entre las llamas que consumieron la Guardería ABC, un establecimiento subrogado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Hermosillo, Sonora.

El incendio también marcó de por vida a otro centenar de menores —de entre cinco meses y cinco años— y dejó al descubierto las irregularidades en el sistema de guarderías del país.

Hoy, a una década de la tragedia, los padres de las víctimas volverán a marchar en la Ciudad de México ya no con un grito de "¡Justicia!", sino de " ¡Nunca más! ".

"A 10 años ya no podemos hablar de justicia, porque no fue ni pronta ni expedita; lo que podemos hacer es resarcir daños en la medida de lo posible. Quizás justicia en el sentido de cárcel a todos los responsables, pero a los de arriba (…) Hay una lista enorme de funcionarios responsables, y eso, para mí, sería solo un artífice de justicia", dijo Fraijo.

Alrededor de las 15:00 horas de ese 5 de junio, un incendio que comenzó en una bodega contigua de la Secretaría de Hacienda, donde se guardaban grandes cantidades de documentos del gobierno de Sonora, se propagó hasta la Guardería ABC, donde había 176 niños.

El inmueble tipo bodega que fue habilitado para la estancia infantil no tenía salidas de emergencia ni sistema contra incendios y solo contaba con cuatro extintores; de estos últimos, únicamente se accionó uno. Incluso, desde 2005 un arquitecto advirtió que la guardería no contaba con las medidas de seguridad elementales, según la solicitud enviada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que investigara el caso.

En dicho documento se enlistan algunas características de seguridad con las que la estancia ubicada en colonia Y Griega debía contar:

Puerta de acceso principal de 2.0 metros de ancho y 2.10 de altura.

Salida de emergencia con barra de empuje al exterior de un metro de ancho en salas para lactantes y patio de juegos.

Plafones en salas de usos múltiples y maternales con material no combustible (en cambio, tenía un plafón a base de lona plástica, altamente combustible).

Días después de la tragedia, el entonces titular de la Procuraduría General de la República (PGR, hoy Fiscalía), Eduardo Medina Mora, sostuvo que el incendio fue a causa del sobrecalentamiento de un aparato de enfriamiento de aire y que, de hallarse a algún responsable, este quedaría libre bajo fianza porque el homicidio culposo no era considerado grave.

En enero de 2010, el perito estadounidense David Smith contradijo la versión de la PGR, pues no había indicios de falla en los aparatos eléctricos de la bodega contigua, por lo que concluyó que el incendio fue provocado.

De ahí surgió la hipótesis de que la intención era destruir los documentos resguardados en el inmueble de la secretaría, entre los que supuestamente había evidencia de una deuda estatal de 10,000 millones de pesos.

Fraijo lamentó que todavía hay funcionarios de alto nivel que siguen en el servicio público "a pesar de haber sido señalados por acción u omisión", tanto en la manera en la que funcionaba la guardería como en las investigaciones del incendio.

Mantener viva la memoria de los niños no es solamente recordar y llorarlos; es recordar y decir: tenemos que hacer muchas cosas todavía".

Con información de Revolución Tres Punto Cero.