Redacción

Apenas el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) emita un acuerdo para reanudar los plazos procesales en la Ciudad de México, la Fiscalía General de la República (FGR) va a formalizar las imputaciones contra los exlegisladores acusados de recibir sobornos en el caso Odebrecht.

Derivado de la contingencia sanitaria provocada por la pandemia de covid-19, el pasado 16 de enero la Comisión Especial del CJF emitió un acuerdo para suspender todos los plazos y términos judiciales a nivel federal en 10 entidades federativas, incluyendo la Ciudad de México, hasta el próximo 25 de enero.

Eso quiere decir que todos los procedimientos jurídicos dentro de causas penales, juicios de amparo y cualquier otro litigio que se lleve a cabo a nivel federal, excepto en casos de flagrancia y con imputados detenidos, se encuentran prácticamente “congelados”.

Por lo anterior, la FGR está impedida para judicializar las nuevas carpetas de investigación que la propia Fiscalía inició contra los 16 políticos señalados por el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, como beneficiarios de presuntos sobornos para la aprobación de la reforma energética.

De acuerdo con el Consejo de la Judicatura, la suspensión de plazos y términos procesales comenzó a partir de diciembre del año pasado y estará vigente hasta el próximo domingo 25 de enero, pero con la posibilidad de que se vuelvan a ampliar en caso de que se mantenga el grado más alto de alerta epidemiológica por el número de contagios, hospitalizaciones y decesos en la capital del país.

De esta manera, los procesos judiciales se reanudarían de manera normal hasta el próximo lunes 26 de enero, fecha en la que se tiene prevista la comparecencia del exsenador del PAN, Jorge Luis Lavalle Maury, a quien Lozoya y su exsecretario particular, Rafael Caravero, acusaron de recibir decenas de maletas sobornos millonarios para la aprobación de la reforma energética en el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto.

El periódico El Universal reveló el pasado 14 de enero que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público detectó movimientos inusuales por más de 50 millones de pesos en las cuentas bancarias del exlegislador panista, recursos que no corresponden con sus ingresos como senador de la República.

En respuesta, Jorge Luis Lavalle argumentó que es víctima de una persecución política y además publicó un tuit para informar que había sido citado para comparecer ante un juez federal el próximo 26 de enero, diligencia que hasta el día de hoy no ha sido suspendida o aplazada.

“Después de 6 meses de especulaciones y calumnias, la autoridad por fin me ha citado para el próximo 26 de enero. Compareceré formalmente para conocer y evidenciar las mentiras que el delincuente confeso Lozoya ha dicho sobre mí”, escribió Lavalle Maury.

Las imputaciones de Emilio Lozoya por presuntos actos de corrupción incluyen a los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto; al exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso; a los excandidatos presidenciales del PAN y el PRI en 2018, Ricardo Anaya Cortés y José Antonio Meade Kuribreña; a sus sucesores en la Dirección General de Pemex, José Antonio González Anaya y Carlos Treviño Medina, y a los exsenadores del PAN, Ernesto Cordero Arroyo, Francisco Domínguez Servién, Salvador Vega Casillas, José Luis Lavalle Maury y Francisco García Cabeza de Vaca, entre otros.

En la actualidad, el panista Francisco Domínguez es gobernador de Querétaro, mientras que García Cabeza de Vaca es el gobernador de Tamaulipas, por lo que actuar en su contra, obligaría a iniciar dos procesos de desafuero en contra de ambos mandatarios.

Según Lozoya, el gobierno de Peña Nieto entregó alrededor de 80 millones de pesos en presuntos sobornos a los implicados para aprobar la reforma energética del gobierno anterior.

Con información de Proceso