De acuerdo con las investigaciones de la FGR, Dorantes Macías sabía sobre la detención de los normalistas pero negó tener conocimiento de los hechos.

Mientras se realizaban las indagatoria del caso, el detenido evadió rendir declaraciones o sanciones y presentó su renuncia a la Policía Federal el 23 de octubre de 2014.

Un juez federal dictó auto de formal prisión contra el ex jefe de estación de la Policía Federal (PF) en Iguala, Guerrero, Luis Antonio Dorantes Macías por su probable participación en el caso Ayotzinapa.

El 15 de febrero de 2012, el entonces titular de la División de Seguridad Regional de la Policía Federal, Luis Cárdenas Palomino nombró como mando de la PF en Iguala a Antonio Dorantes.

Dorantes evitó colaborar en las investigaciones del caso que revelaron indicios de su posible complicidad en los hechos.

Ante ello, en septiembre del año pasado se libró una orden de aprehensión en su contra que se concretó el pasado 18 de enero.

El ahora imputado quedó sujeto a prisión preventiva para su proceso por su probable responsabilidad en el delito de desaparición forzada agravada.

La FGR indicó que la Unidad Especial de Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa seguirá informando a los familiares de las víctimas los avances que existan en el caso.

"Se acabó la verdad histórica": qué supone el giro en la investigación de la desaparición en México de los 43 estudiantes:

Con una frase, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, puso fin a uno de los temas más polémicos en la historia reciente de México.

"Se acabó la verdad histórica", dijo en un mensaje a periodistas el martes 30 de junio.

Gertz se refería a la versión del gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto sobre el destino de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa.

Los jóvenes desaparecieron la madrugada del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, en el sur del país.

La versión oficial establecía que una banda de narcotráfico conocida como Guerreros Unidos los secuestró y ordenó su asesinato.

Según esa versión, sus cuerpos fueron incinerados en un basurero del municipio vecino de Cocula, en el mismo estado.

Sin embargo, familiares de las víctimas no creyeron el argumento de la Procuraduría General de la República (PGR, hoy Fiscalía General).

De hecho la versión fue desestimada por el Grupo Independiente de Expertos Internacionales (GIEI), que durante casi dos años analizó el expediente del caso y realizó su propia investigación.

Desde el inicio de su gobierno el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a localizar el destino de los estudiantes.

El caso toma ahora un nuevo giro. El fiscal Gertz anunció que se solicitó a un juez la captura de 46 exfuncionarios, incluido el jefe de la investigación de la PGR Tomás Zerón.

Con información de Regeneración.