Mario Marín, exgobernador de Puebla, registró su apodo “mi góber precioso” como marca registrada para comercializar vinos y licores ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

Dicho registro se llevó a cabo el 27 de marzo de 2006 a solicitud de Gabriel González Molina, asesor jurídico del exgobernador, acusado de la tortura de la periodista Lydia Cacho.

De acuerdo con Reporte Indigo, como apoderados de la marca quedaron los empresarios Fernando Treviño y Fernando Rivadeneyra; así como los abogados Juan Carlos Cuevas y Erika Hernández Acosta.

El IMPI indicó que el alias del Góber Precioso infringiría el artículo 90 fracciones XII, y XIV de la Ley de la Propiedad industrial, en relación con los artículos 87, 88 y 89, le negó el registro en su primera solicitud, sin embargo, González Molina entregó un documento en el que Marín Torres avaló el uso de su sobrenombre, con lo que el 27 abril el Instituto entregó los derechos de la marca por un periodo de 10 años, es decir, hasta el 27 de marzo de 2016.

Con información de Político

FGR detiene en Acapulco a Mario Marín:

El exgobernador de Puebla, Mario Marín, fue detenido por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) en la ciudad de Acapulco la tarde de este miércoles durante un cateo a un inmueble.

Será trasladado a Cancún, donde es requerido por la justicia, por el delito de tortura contra la periodista Lydia Cacho, confirmó la Fiscalía General de la República (FGR).

La tortura en agravio de Cacho habría ocurrido cuando la periodista fue detenida en 2005 y trasladada por tierra desde Cancún a Puebla, al ser cumplimentada en su contra una orden de aprehensión por delitos de difamación y calumnia.

Ese mismo año, Kamel Nacif, conocido como el ‘‘Rey de la mezclilla’, pidió a los exfuncionarios de Puebla detener a la periodista en Quintana Roo en represalia por exhibir su participación en una red de pederastía en el libro “Los Demonios del Edén”.

Mediante una llamada telefónica a finales de 2005, Kamel Nacif agradeció a Mario Marín su intervención y le ofreció enviarle dos botellas “bellísimas” de coñac. El entonces gobernador le dijo: “acabé de darle un pinche coscorrón a esta vieja cabrona. Le dije que aquí en Puebla se respeta la ley y no hay impunidad, y quien comete un delito se llama delincuente. Y que no se quiera hacer la víctima y no quiera estar aprovechando para hacerse publicidad”.

Actualmente existen procesos judiciales contra cinco policías judiciales (hoy ministeriales) del estado de Puebla, contra uno del estado de Quintana Roo, contra el exdirector de la policía judicial de Puebla, Adolfo Karam; contra el exgobernador del mismo estado, Mario Marín Torres; y contra el empresario textilero Kamel Nacif. 

Durante prácticamente 15 años, Lydia Cacho ha buscado justicia en tribunales locales, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Corte Interamericana de Derechos Humanos e instancias de la ONU, sin que los principales acusados hayan llegado al banquillo de los acusados.

En reiteradas ocasiones Marín ha interpuesto recursos legales para suspender las órdenes de aprehensión giradas en su contra. En mayo de 2019 logró un amparo en el Primer Tribunal Unitario del Vigésimo circuito, con sede en Cancún, Quintana Roo, pero un mes después un juez federal ordenó dejar sin efectos la “suspensión de plano”.

En noviembre de 2020 el Tercer Tribunal Colegiado de Quintana Roo concedió un amparo al exgobernador y a Kamel Nacif, para dejar sin efecto la orden de aprehensión en su contra, ordenando a la magistrada María Elena Suárez, titular del Primer Tribunal Unitario de Quintana Roo, reponer el procedimiento.

La magistrada valoró nuevamente las causales para su arresto y determinó que debían girarse de nueva cuenta. Desde ese momento Marín y Nacif permanecieron en calidad de prófugos.

En marzo de 2020 la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) solicitó al sistema bancario congelar las cuentas de Mario Marín, de Kamel Nacif, y de Hugo Adolfo Karam Beltrán, ex subsecretario de Seguridad Pública de Puebla.

La Unidad, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), presentó una denuncia por delitos fiscales y presunto lavado, pero además se espera que la medida ayude a las autoridades a cumplimentar las órdenes de aprehensión vigentes por los ataques a la periodista.

Las solicitudes fueron enviadas a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), que a su vez pidió a las instituciones bancarias informar las cuentas y montos vinculados a los presuntos criminales.

Las investigaciones iniciales apuntaban que el exgobernador de Puebla es titular de cuentas en Banorte, HSBC, Seguros Comercial América, Mifel y Santander.

Las autoridades también solicitaron congelar cuentas de miembros de la familia del exgobernador que le acercan recursos para mantenerse prófugo.

Sobre el empresario textilero Kamel Nacif, conocido como “El Rey de la Mezclilla”, las autoridades solicitaron congelar el acceso a cuentas donde es titular y de su círculo familiar, pero también de 12 empresas donde figura como representante legal o “tercero relacionado”.

La UIF detectó cuentas a Hugo Adolfo Karam Beltrán, exsubsecretario de Seguridad Pública de Puebla, en BBVA, HSBC y Santander.

En agosto de 2019, Lydia Cacho denunció que  Marín llevaba tres meses escondido en el municipio poblano de Coyotepec, y que, a pesar de contar con una orden de aprehensión en su contra, no era arrestado, ya que cuenta con protección política y policiaca.

A través de su cuenta de Twitter, Cacho expuso que la información sobre el paradero del exmandatario poblano le fue proporcionada por la Fiscalía General de la República (FGR).

Días antes, el periódico Central de Puebla publicó que Marín asistió a una fiesta en Atlixco, ofrecida por el empresario Rafael Forcelledo Caram, “quien lo agasajó con carnes asadas y música de banda”. Testigos que asistieron a la fiesta declararon que la celebración se realizó el pasado 28 de julio en el rancho “El Pastor”, localizado en la comunidad de Solares de Tenextepec.

Anteriormente, Cacho había denunciado que tenía conocimiento de que Marín se encontraba en México, durante una entrevista para Aristegui en Vivo, concedida tras ser víctima del robo de dcumentos de investigaciones periodísticas en curso, así como de equipo de trabajo.

Esto, aunado a que en 2019 jueces trasladaron a Succar Kuri de un penal de alta seguridad a una cárcel de Cancún, cerca de su domicilio.

“Yo tengo amenazas de muerte, explícitas, frente a los jueces, de Kamel Nacif, de Succar Kuri y de los policías sentenciados, esto lo saben todas las autoridades”, declaró Cacho durante la entrevista. Aunque las autoridades tenían conocimiento de su situación de riesgo, decidieron retirarle la vigilancia policial un día antes del robo de sus documentos.