Gracias a la denuncia penal presentada por la Secretaría de la Función Pública (SFP) a cargo de Irma Eréndira Sandoval, tres ex funcionarios de la dependencia fueron procesados por un juez de control, debido a su presunta responsabilidad en el robo del expediente original del caso de la Casa blanca del ex Presidente Enrique Peña Nieto y su ex esposa, Angélica Rivera. 

El expediente fue robado de los archivos de la propia SFP, por ese motivo la dependencia interpuso una denuncia en 2019 tras una investigación realizada por el Órgano Interno de Control, pues antes de la entrega-recepción de la dependencia, los ex funcionarios señalados cambiaron el expediente original sobre la Casa Blanca por una copia de la versión pública.

Los ex funcionarios hicieron ese cambio con el objetivo de borrar varias evidencias de la investigación que hacían explícito el conflicto de interés de Peña Nieto y Angélica Rivera, con el empresario de Grupo Higa y contratista de su gobierno, Juan Armando Hinojosa Cantú, quien les habría dado la Casa Blanca por los contratos y favores recibidos en la administración del priista.

Por todos estos motivos, la Función Pública  presentó una denuncia penal ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción por el posible delito de ejercicio ilícito de servicio público en contra de José Carreño Camacho, quien fue subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas de la SFP; así como de Jesús Antonio Juárez, ex director General de Denuncias e Investigaciones, y de Daniel Pérez, exdirector General Adjunto de Investigaciones.

ROSARIO ROBLES OFRECE EVIDENCIAS CONTRA ENRIQUE PEÑA NIETO

Para convertirse en testigo colaborador, Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social, ofrecerá evidencias ante la Fiscalía General de la República (FGR) para acusar a exfuncionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto.

Arturo Ramírez, abogado de Robles, indicó que la exfuncionaria buscará un acuerdo con la FGR para la investigación que existe en su contra por los delitos de delincuencia organizada y en las negociaciones se buscará que siga su proceso en libertad.

Por ese expediente, la defensa se encuentra en una negociación con la fiscalía, independiente del delito de omisión que se le imputa por el caso de la Estafa Maestra, por el que no tendrá un juicio abreviado “porque ella no se va a declarar culpable” por ese caso.

Sin embargo, por la investigación sobre delincuencia organizada, “ya empieza esta semana a haber una interacción entre los ministerios públicos que forman parte de la Fiscalía General de la República en el área de Seido y la maestra Rosario”, expresó.

Arturo Ramírez afirmó que, en caso de llegar a un acuerdo con la Fiscalía General de la República, la exsecretaria de Desarrollo Social aportaría evidencia contra funcionarios de la administración de Peña Nieto de quienes no precisó nombres.

Además, aclaró que las evidencias que ofrece de Rosario Robles no implican al expresidente de México, Enrique Peña Nieto, y ni al exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

“Rosario Robles tiene conocimiento de los hechos que ocurrían en el gobierno en general y desde mucho antes, en temas de campaña”, detalló.

El defensor explicó que Robles buscará acogerse a un “híbrido jurídico” entre el criterio de oportunidad y el testigo colaborador.

Con información de Polemón