Redacción
No importa si son de paga o si
son de gobierno, los tentáculos de ciertos grupos delictivos dedicados a la
explotación sexual infantil organizada penetran por igual.
Es una red en la que
intervienen maestros, directivos, personal administrativo y de intendencia que ha
abusado de niños dentro y fuera de los planteles, y los han videograbado con
fines de pornografía en línea.
De acuerdo con el informe Es
un secreto. La explotación sexual infantil en las escuelas, elaborado por la
Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia, A.C. (ODI), que ha
acompañado y litigado casos de este tipo en por lo menos 18 escuelas, “se trata
de patrones delictivos marcados por acciones organizadas entre varios adultos y
perpetradas de manera masiva dentro de un plantel escolar”.
Las entidades donde se han
documentado y litigado estos casos son la Ciudad de México, Estado de México,
Jalisco, Baja California, Morelos, San Luis Potosí y Oaxaca. Sin embargo, el
informe refiere un centenar de casos más en los cuales hubo denuncias de abusos
a menores en escuelas, pero se desconoce si hubo detenidos, si se siguen
investigando o si quedaron impunes.
La ODI ha documentado, a lo
largo de las últimas dos décadas, los casos con más de un centenar de menores
entre las víctimas de estos grupos. El informe indica: “Numerosos preescolares
y primarias han sido capturados y utilizados como espacios para la comisión de
delitos de explotación sexual infantil en línea”.
El documento, coordinado por
la maestra Margarita Griesbach Guizar y presentado por los académicos y
activistas Karina Ansolabehere, Maite Azuela, Lydia Cacho, Denise Dresser,
Manuel Gil Antón, José Guevara, Lorenzo Meyer, Juan Martín Pérez y Luis Daniel
Vázquez, refiere con detalles un problema de dimensiones mayores en materia de
explotación sexual infantil, pederastia y pornografía en las escuelas públicas
y privadas de México.
La narrativa de lo que se
oculta en las aulas, en los patios, en las oficinas de los directores de
escuelas de todo el país es que: “De manera consistente, niños y niñas
describen ser penetrados con jeringas con agua, con popotes o con papeles
sucios, incluso manchados con excremento”.
También describen ser
ahorcados u obligados a lastimar a otros compañeros y compañeras; además,
“niños y niñas refieren ser grabados o fotografiados”.
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El material realizado por las
bandas de delincuentes, habilitados como profesores, nunca fue encontrado ni
tampoco se investigó —por parte de la entonces Procuraduría General de la
República (PGR)— a quienes trabajan o financian la red de pornografía infantil.
Estudiando
con el enemigo
En el Jardín de Niños Andrés
Oscoy, en Iztapalapa, los padres de familia y vecinos nunca imaginaron el
terror que vivieron cientos de alumnos durante años.
Sólo 30 familias denunciaron.
En 2011, la PGR contactó a la ODI para solicitar apoyo legal para las víctimas,
todas de entre tres y cinco años de edad.
“De las testimoniales de 19
niños y niñas de entre tres y cinco años se detecta que nombran a 10 personas
como agresores directos, que incluyen desde a la directora del plantel y
maestras hasta al personal de intendencia, e incluso al hijo adolescente de uno
de los maestros”.
Las narraciones de los
preescolares sobre el infierno que vivieron exponen que las agresiones se
registraron en diversos sitios del plantel. “La mayoría de los niños y niñas
refiere que fueron agredidos en un baño. Sin embargo, otros mencionan la
oficina de la dirección y un cuarto de drenaje”, así como lugares abiertos,
como el patio o un salón.
Por meses o años nadie en la
Secretaría de Educación Pública (SEP) se enteró de lo que ocurría en esta
escuela ni investigó o cuestionó que 10 de sus funcionarios estuvieran
dedicados a la explotación sexual infantil.
Al menos 13 de los niños
refieren tocamientos y actos de violación equiparada. Tres de ellos describen
haber sufrido violación, 11 dicen haber sido golpeados, algunos narran que
adultos se exhibían ante los alumnos o que exhibían la agresión en contra de un
pequeño frente al grupo. Varios describen actos sexuales entre adultos que
toman lugar durante la agresión.
“Entre las narraciones de las
víctimas, algunos refieren ser amarrados o amordazados y una niña dice haber
sangrado. Además de altos niveles de violencia, las víctimas refieren dinámicas
y rituales grotescos”, que eran hechos pasar como juegos.
El “Caso A”: rituales, juegos
e impunidad por filtraciones de las autoridades
En 2008, la ODI representó el
caso de una niña de cinco años por abuso sexual en un preescolar privado, que
por seguridad de las víctimas y por no ser información pública se denomina en
el informe como “Caso A”.
“La pequeña menciona a hasta
seis adultos involucrados (...) y refiere que el abuso se comete en contra de
ella junto con otros compañeros y compañeras. Describe prácticas ritualistas,
el uso de disfraces y puestas en escena”. La narrativa del caso es atroz.
Sin ningún tipo de trámite,
control en los accesos del plantel o vigilancia por parte de las autoridades de
la SEP, la niña fue sacada de la escuela en un coche y trasladada junto con
otros compañeros a una casa en la que había adultos extraños. La menor
describió eventos de sedación y en una ocasión, por lo menos, refirió la
presencia de bebés como víctimas del abuso.
El caso no llegó a juicio.
Imprudentes o deliberadas filtraciones de la entonces Procuraduría de Justicia
del Distrito Federal obligaron a la familia a desistir de denunciar por temor a
represalias. No son casos aislados.
La forma de operar de estos
grupos de explotación sexual infantil se repite. En 2011, la ODI recibió
numerosas denuncias de abuso sexual en el preescolar público Laura Elena Arce
Cavazos, en Cuautitlán, Estado de México. Ante la procuraduría mexiquense, se
acusó a seis adultos como agresores de niños.
“Describen ser victimados en
diversos espacios de la escuela”. Son los patrones delictivos, con saña
inaudita. Tres niños muestran cortadas en las piernas que, dicen, fueron
infligidas por algún maestro con un cuchillo durante la agresión. Tres de los
10 declarantes describen que les tomaban fotografías o video.
El
infierno en las aulas de la CDMX
En la “Ciudad innovadora y de
derechos” que presume el gobierno capitalino, los casos, las historias y el
terror para los niños se repiten. En 2018, la ahora Fiscalía General de la
República (FGR) contactó a la ODI para atender el caso de un preescolar público
en la capital del país. Por tratarse de una investigación aún activa, sólo lo
identifican en el informe como “Escuela B”.
Nuevamente, abusos masivos a
plena luz del día, en el patio de la escuela, en el baño o los salones; 16
niños y niñas describieron a más de un adulto presente en el momento del abuso.
En total, 11 adultos que
laboran en la escuela son mencionados, incluyendo a la directora, a varias
maestras, personal de intendencia y, paradójicamente, hasta un supervisor
pedagógico. Todos, empleados de la SEP; todos, juntos, abusando de menores de
entre tres y cinco años.
El tráfico de niños
trasladados de una escuela a otra o a domicilios particulares se repite como
práctica común de estos grupos. Dos menores declararon que en el momento de la
agresión se encontraban presentes niños y niñas que no eran de su escuela. Una
decena de niños, lo mismo que en otros casos, refiere cómo los sacaban de la
escuela, los subían a automóviles y los llevaban a casas donde eran abusados.
En el caso de la “Escuela B”,
los menores “refieren ser obligados a realizarse tocamientos entre los propios
niños y niñas, sufrir agresiones físicas y presenciar la exhibición de un
adulto frente al grupo, o incluso observar actos sexuales entre dos o más
adultos”.
También en este caso cuatro
menores describen la presencia de cámaras.
“Si bien este dato puede no
ser relevante para el niño o niña que carece de comprensión sobre temas de
explotación sexual digital, es un elemento sumamente importante para entender
posibles explicaciones de lo sucedido”, añade el informe.
La explotación y abuso sexual
infantil por pedido en línea implica que el perpetrador que solicita y dirige
el acto se encuentra físicamente distante de las víctimas. Comúnmente, el
material se consume desde su hogar, incluso en un país distinto al lugar en el
que se comete el abuso.
Sea a través de contacto
directo con el agresor sexual o a través de un intermediario, el perpetrador
indica qué actos desea que sean producidos por el agresor o los agresores en
contacto con los menores. El abuso sexual infantil es comúnmente transmitido en
vivo por medio de redes sociales comerciales encriptadas.
Además de estos casos, el
informe documenta otros ocurridos desde 2001 hasta la fecha en escuelas de la
Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Baja California, Oaxaca, Morelos y
San Luis Potosí, que podrían involucrar a un número mucho mayor de víctimas y
en donde se desconoce si los profesores e involucrados fueron sentenciados o
están libres dando clases.
Margarita Griesbach Guizar,
directora de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia, A.C.,
mencionó a EL UNIVERSAL que en México, en este tipo de casos, prevalece la
desarticulación entre policías y fiscalías, la falta de preservación de evidencias;
no hay investigación criminal, existen filtraciones de las procuradurías,
fragmentación de la investigación, falta de adecuación para la infancia y
exclusión de la víctima.
“No me atrevo a decir si es
una red, muchas redes o simplemente un nuevo modus operandi de una nueva forma
de criminalidad. Lo que queda claro es que estamos frente a criminalidad
compleja y que, ante ello, se requiere de una investigación con una mirada
amplia para entender lo que está pasando en México con estos delitos.
“Yo sí creo que la
incompetencia es el mejor amigo de la corrupción y la impunidad, porque lo que
nos pasa una y otra vez, tanto con la investigación criminal como con la
intervención de la SEP, es que hay incompetencia en términos de
profesionalización en la selección de docentes, en los expedientes, en el
resguardo institucional, o es doloso y hay encubrimiento”, concluyó.
Con información de El
Universal