A partir de la firma del acuerdo DIELAG ACU 026/2020, firmado por el Gobernador Enrique Alfaro Ramírez el 19 de abril para implementar una serie de medidas con el fin de prevenir el contagio de la COVID-19 entre ellas el uso de cubrebocas obligatorio, las redes sociales han sido el principal canal de denuncia de casos de detenciones arbitrarias que antecedieron al asesinato de Giovanni “N”.

El 4 de mayo policías municipales de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, detuvieron con extrema violencia a Giovanni “N”, un joven constructor de 30 años de edad, quien se encontraba en las inmediaciones de su domicilio preparándose para cenar. De acuerdo con la versión oficial, Giovanni fue arrestado por una falta administrativa y asesinado tras ser víctima de varios golpes y un balazo que recibió en uno de sus pies mientras se encontraba en custodia de la policía municipal.

Los familiares de la víctima realizaron una grabación del momento de la detención de Giovanni, en el que se observa con claridad cómo fue violentado y arrestado con exceso de fuerza por parte de policías municipales, quienes también arremetieron con insultos homofóbicos en contra de los familiares del joven.

Ayer, tres de los policías implicados fueron arrestados, en tanto que el cuerpo de policía de Ixtlahuacán fue retirado de las calles y puesto en capacitación.

En la grabación que circuló en las redes sociales, se escuchó que Giovanni fue arrestado por no llevar puesto el cubrebocas, pero esta semana, a un mes de que ocurrieron los hechos, Gerardo Octavio Solis Gómez, Fiscal General de Jalisco dijo que la detención de Giovanni obedeció a una falta administrativa y no por un tema relacionado con el uso de cubrebocas.

Detrás del arresto de Giovanni se encuentran una serie de detenciones arbitrarias que fueron documentadas y difundidas por las redes sociales y en las que se exhibe el exceso de fuerza y tratos vejatorios que recibieron diversos ciudadanos jaliscienses por parte de policías municipales de distintas localidades durante el periodo de cuarentena por la COVID-19.

Desde el pasado abril, policías municipales de Jalisco han realizado cientos de arrestos para dar cumplimiento a lo establecido en el acuerdo DIELAG ACU 026/2020 firmado por el Gobernador Enrique Alfaro Ramírez el 19 de abril para implementar una serie de medidas con el fin de prevenir el contagio de la COVID-19 que contemplan entre sus sanciones arrestos de hasta por 36 horas a quien incumpla con las medidas dictadas en el mismo documento.

Los diversos hechos que han sido denunciados por la ciudadanía en la Red apuntan a que el crimen de Giovanni no fue un caso aislado, sino el resultado más letal de una tendencia a la violación de los derechos humanos observada en los cuerpos de las policías municipales de Jalisco desde hace años y que se recrudecieron en el marco de la epidemia causada por el virus COVID-19.

Anna Chimiak, coodirectora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, AC (Cepad, AC) expuso en entrevista con SinEmbargo que el acuerdo DIELAG ACU 026/2020 que firmó Alfaro para implementar medidas obligatorias para el combate al contagio de la COVID-19, entre ellas el uso de cubrebocas obligatorio en la vía pública facultó a los policías municipales para hacer cumplir las medidas aun cuando estas organizaciones han sido señaladas por violaciones a los derechos humanos y no cuentan con capacitación adecuada para implementar este tipo de protocolos.

El acuerdo fue publicado en el periódico oficial el 19 de abril pero no contó con mecanismos de seguimiento ni de rendición de cuentas. También brillaron por su ausencia los mecanismos para la supervisión de las políticas implementadas y la imposición de las sanciones, en tanto que según la abogada no se promovió ninguna garantía de transparencia.

En medio de la opacidad y de los antecedentes que cuentan los cuerpos de policía municipal en Jalisco con respecto a las violaciones de los derechos humanos y la tortura, señalados por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), el Cepad enunció desde abril una serie de aspectos que le preocuparon a la organización en torno a las detenciones arbitrarias y con exceso de fuerza que pudieran generarse.

“Una de las preocupaciones principales fue que este acuerdo, sobre todo con esta medida de arresto, pudiera derivar en la comisión de violaciones a los derechos humanos, sobre todo considerando esta sanción del arresto y esto podría manifestarse en el abuso de autoridad, detenciones arbitrarias, extorsión o el uso excesivo de la fuerza o discriminación en cuanto a sectores de la sociedad más vulnerables, sobre todo en situación de la calle y obviamente que pudiera derivar en violaciones graves a los derechos humanos, en concreto: tortura, desaparición forzada y ejecución extrajudicial”, expresó la codirectora del Cepad.

Otro de los motivos por el que el Cepad mostró preocupación ante la imposición del acuerdo fue la falta de capacitación de los policías municipales de Jalisco que podría facilitar las detenciones arbitrarias.

Entre el 19 de abril y el 12 de mayo, el Gobierno de Jalisco reportó que se llevaron a cabo 412 arrestos a personas por el incumplimiento de las medidas se seguridad sanitaria, dijo Anna Chimiak a SinEmbargo.

No obstante, Chimiak sostuvo que en el reporte sólo se mencionaron casos que corresponden a los municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) pero no se tiene información de aquellos ocurridos al interior del estado. Tampoco se conocen los criterios bajo los que se aplicaron sanciones, en tanto que el Cepad estima que entre las 412 detenciones hubo múltiples arrestos arbitrarios.

“Estos datos nos demostraron que ante la falta de criterios, ante falta de un protocolo de aplicación de las medidas y también de las sanciones ha habido mucha confusión y sí se han cometido varios de los 412 arrestos con carácter arbitrario”, expuso la también abogada.

En este contexto, las redes sociales fueron un canal de denuncia de arbitrariedades durante todo el periodo de contingencia. Los casos de exceso de fuerza policial se distribuyeron en diferentes municipios: Tala, Tlaquepaque, Puerto Vallarta, Chapala, entre otros, que antecedieron al caso de Giovanni López. En estas grabaciones, el factor común fue el señalamiento a los ciudadanos por no portar la máscara facial.

El 23 de abril, Guillermo del Toro cineasta galardonado con un Óscar dirigió varios mensajes a Enrique Alfaro para condenar la manera agresiva en que fue detenido un ciudadano en el municipio de Tala, Jalisco. Fue el primero de los casos relacionados con detenciones arbitrarias en el estado que se volvieron virales en el Red durante la cuarentena.

Otro caso más fue reportado el 28 de abril en Tlaquepaque, Jalisco. Medios de comunicación locales dieron seguimiento al caso de Mimi, una joven comerciante que fue agredida por policías municipales bajo el argumento de que portaba un cubrebocas viejo. Según documentó el medio Zona Docs, la joven fue detenida por los gendarmes quienes la insultaron, le arrebataron su mercancía y la tiraron al suelo.

“Ya te cargó tu puta madre”, afirmó Mimi que fueron las palabras que le dieron los policías mientras le robaban su mercancía y la comían frente a ella. También le arrebataron su monedero y le robaron 350 pesos. La joven interpuso una denuncia.

El 19 de mayo, en Puerto Vallarta otra joven fue arrestada con exceso de violencia. En las redes sociales se denunció que el motivo también que no traía puesto el cubrebocas. No fue el único caso en esta localidad.La CEDHJ abrió una investigación en mayo por la detención arbitraria de Juan Ramón Álvarez López, director de la preparatoria regional de Chapala de la Universidad de Guadalajara (UDG) quien fue golpeado y arrestado por policías municipales tras negarle el libre tránsito en la carretera mientras se dirigía a su casa.

De acuerdo con Anna Chimiak la detención fue ilegal debido a que el artículo XI de la Constitución Mexicana garantiza el derecho al libre tránsito de todos los ciudadanos.

En este contexto, el caso de Giovanni López se generó en una dinámica donde los abusos de las policías municipales son constantes y hay amplia documentación al respecto. El municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos integra la ZMG, pero es uno de los municipios más alejados de la zona urbana.

La marginación ha vuelto a esta población vulnerable a la presencia del crimen organizado, en marzo del 2019 la Fiscalía de Jalisco encontró una fosa clandestina acuática, la primera en su tipo en el estado, en donde fueron dispuestas 19 bolsas de plástico con restos humanos en un canal de aguas negras ubicado en la zona limítrofe entre Ixtlahuacán y El Salto.

En este contexto, la policía municipal de Ixtlahuacán también es una de los cuerpos policiales más señalados por violaciones a los derechos humanos de acuerdo con varias carpetas de investigación de la CEDHJ.

Según explicó Anna Chimiak, hace tres años, el Cepad documentó varios casos de tortura en los que los responsables habrían sido policías del municipio de Ixtlahuacán, este es uno de los municipios que acumula más quejas en la CEDHJ por este tipo de violencia.

“Cabe mencionar que el mismo Ixtlahuacán de los Membrillos es uno de los municipios que cuenta con más quejas [en la CEDHJ] por la actuación de policías municipales y por otro lado dentro del informe del CEPAD que realizamos y publicamos hace tres años también documentamos el involucramiento en los hechos de tortura por parte de policías municipales en dos recomendaciones de la CEDHJ como antecedentes con la muerte de Giovanni”, señaló la Coodirectora del Cepad.

De acuerdo con el análisis de la organización la violencia en este municipio se ha incrementado de manera paralela con la incidencia de violencia en todo el estado al igual que la violación a los derechos humanos.

Con información de Sin Embargo.