Al más puro estilo del ex presidente Gustavo Díaz Ordaz, quien con su “mano tendida” ofrecía una aparente paz a los estudiantes universitarios —que estaban inconformes con su mandato—  y por otro lado, les enviaba al Ejército para reprimirlos en aquel México en 1968, el Gobierno de Jalisco que encabeza Enrique Alfaro Ramírez, comenzó a criminalizar a organizaciones civiles y no gubernamentales de estar detrás de los disturbios ocasionados en las protestas de este fin de semana en la Ciudad de Guadalajara por el asesinato del joven Giovanni López, a manos de policías municipales de Ixtlahuacán de los Membrillos.

Mediante una operación limpieza, El Financiero y el portal de noticias Nación 321 se prestaron para publicar la misma nota, con un titular que sugiere que las organizaciones son las responsables de los acontecimientos: Ubican 11 grupos políticos detrás de protestas en Jalisco.

La nota, firmada por el reportero Juan Carlos Huerta, señala a uno de los fundadores de Morena en Jalisco, Alejandro Puerto, como uno de los operadores de la supuesta autoría de las protestas, sólo por haber tuiteado en su cuenta de Twitter que el Gobierno de Jalisco es asesino de albañiles, oficio al que se dedicaba Giovanni.

Ambas notas son reforzadas por la columna de opinión de Raymundo Riva Palacio, escrita en El Financiero, en la que también replica la idea de que organizaciones civiles estarían detrás de las marchas. Sin embargo, según la visión de Riva Palacio, la violencia proviene del Gobierno de AMLO y no de Alfaro Ramírez. 

“Estos choques se incrementarán en la medida que se acerquen las elecciones intermedias del próximo año, y probablemente habrá más actos de violencia con el aval de López Obrador, quien con su silencio ante ese tipo de agresiones, irá dividiendo más al país y confrontándolo”, acusa el columnista. 

“No falta mucho para que los asuntos públicos se diriman violentamente en las calles, de no hacer algo todos los gobernantes por impedirlo, y evitan que esta nación quede dividida en dos partes irreconciliables”, asegura.

Después de que Hernán Gómez Bruera le señalara que está criminalizando al replicar esa información, el columnista trató de deslindarse. 

En lo que se refiere a la nota publicada en ambos medios que pertenecen a la misma empresa editorial, el mandatario jalisciense también aludió a  Yeidckol Polevnsky, quien fue adscrita a Jalisco para la organización de Morena, de cara al próximo proceso electoral, aunque evitó mencionarla por su nombre. 

El gobernador responsabilizó también al Frente por la Libertad de Expresión, entre las que destacan el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC) –fundada en Guadalajara en 1963, y que apoya temas de Educación, Comunicación Popular, y los bienes comunes–, y hasta el ITESO salió raspado con la mención del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD)  vinculado a esta casa de estudios en la defensa de derechos humanos.

También incluye en su lista  a la Federación de Estudiantes de Guadalajara (FEU), organización estudiantil de la Universidad de Guadalajara;  la Asociación Nacional por la Independencia de México, un colectivo que busca la transformación del modelo económico, político y social; la  Red feminista YoVoy8deMarzo, y los colectivos Justicia para el Pueblo, Solidaridad Zapopan y Regeneración Tonalá.

Pero además señala a integrantes de organismos vecinales como Vecinos de Arcos Guadalupe y Amigos de San Andrés, así como comerciantes organizados, como el Grupo Comerciantes Tonalá, compuesto por personas inconformes ante la negativa de apertura de sus negocios por la alerta sanitaria.

Alfaro Ramírez cuestionó además la presencia en la marcha del sábado 6 de junio, de  la Comisionada Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, Candelaria Ochoa, insinuando que ella habría motivado los disturbios. 

En su lista de criminalización, Alfaro Ramírez incluyó a Teodoro Jesús Torres, alías Chuy Torres, personaje ligado a Morena, quien estuvo en la protesta del 4 de junio en Palacio de Gobierno.

Después de darse a conocer esta lista, en entrevista con el periodista Julio ‘Astillero’, la vocera del IMDEC, María González Valencia, dijo que el gobernador jalisciense no tiene ánimo de reconocer su responsabilidad en la represión de jóvenes, y que todo parece indicar que seguirá buscando culpables. 

Por su parte, la periodista Vanesa Robles, posteó en su cuenta de Facebook que la nota en cuestión “acusa a organizaciones respetables de la sociedad civil: no de haber participado en las marchas, no de haber mentado madres, sino de causar los disturbios”.

Y añade que el artículo “no cumple con el mandato ético de revelar fuentes y explicarnos qué está ocurriendo más allá de las apariencias ¿Por qué se cree que IMDEC A.C., el CEPAD, AC, y el resto causaron los disturbios? ¿Quién lo cree?”.

Con información de Polemón.