Sale a la luz una teoría que asegura que la compañía refresquera Coca-Cola financió una red mundial de científicos para generar estudios que minimizan el impacto del consumo de las bebidas azucaradas en la pandemia de obesidad a nivel internacional, refiere un estudio publicado en la revista médica Public Health Nutrition.

La publicación detalla que, desde hace más de un lustro, Coca-Cola impulsó la creación de una organización de científicos sin fines de lucro llamada Red Global de Balance Energético (GEBN por sus sigas en inglés), cuya finalidad fue promover los intereses de la industria refresquera e influir en tomas de decisión y políticas públicas.

“Coca-Cola busca influir en los investigadores de salud pública para promover sus intereses, en consonancia con otra evidencia de que la industria alimentaria ha tratado de influir en las políticas públicas”, se lee en el documento de un equipo de investigadores que revisó 18 mil 30 páginas de correspondencia entre Coca-Cola y académicos especializados en salud pública de las universidades de West Virginia y Colorado en Estados Unidos, que fueron financiados por la GEBN.

El estudio revela que Coca-Cola utilizó tácticas similares a las que implementan las industrias del tabaco y el alcohol para promover su boyante negocio.

Primero, buscó financiar a científicos y ocultarse como fuente de financiamiento. Segundo, Coca-Cola también buscó generar una red de contactos en espacios públicos y políticos para sacar provecho de ello y promover la idea de que la pandemia de obesidad se debe más a la falta de ejercicio que a problemas alimenticios, como lo es el consumo de productos con exceso de azúcar.

“Los correos electrónicos contenían evidencia de prácticas asociadas con la construcción de coaliciones, incluso para establecer relaciones con líderes de opinión y organizaciones de salud, para establecer relaciones con los encargados de formular políticas públicas. En algunos casos, estas dos prácticas parecían conjuntas, ya que la asociación entre la academia y Coca-Cola facilitó los contactos con otras entidades, incluidos políticos, la industria y grupos comunitarios e investigadores”, se lee en el estudio.

Los esfuerzos de Coca-Cola no se limitaron a financiar la GEBN en Estados Unidos. Otro ejemplo de esta red de influyentismo tuvo lugar en los últimos cinco años en Sudáfrica, donde la compañía refresquera “financió al Instituto de Relaciones Raciales para realizar una investigación sobre una propuesta de impuesto al azúcar”. Como resultado, explican los investigadores, “la iniciativa de política pública resultante se opuso a los impuestos a las bebidas azucaradas, sin que el conflicto de intereses fuera revelado”.

Sin embargo, Coca-Cola no habría sido la única gran compañía involucrada en esta red de influyentismo.

De acuerdo con la revista médica Public Health Nutrition, es necesario hacer más investigaciones a futuro para determinar el papel de otros socios en el GEBN, “incluyendo a PepsiCo y otras instituciones que financian investigadores que pueden tener intereses creados”.

Esta no es la primera vez que Coca-Cola y Pepsi son señaladas de hacer pagos a beneficio de la industria de las bebidas azucaradas.

En 2016, por ejemplo, un estudio publicado en la revista American Journal of Preventive Medicine reveló que ambas compañías financiaron a 96 organizaciones promotoras de la salud en Estados Unidos con el objetivo de minimizar la relación entre la obesidad y el consumo de azúcar.

Entre las organizaciones patrocinadas estuvieron 63 instituciones de salud pública, 19 institutos médicos, siete fundaciones para la salud y cinco dependencias gubernamentales, así como dos distribuidoras de alimentos.

“Aunque el patrocinio corporativo de las empresas de tabaco y alcohol se ha estudiado ampliamente, no ha habido ningún intento sistemático para catalogar las actividades de patrocinio de las empresas de refrescos”, refiere el artículo de American Journal of Preventive Medicine.

Sólo entre 2011 y 2014, Coca-Cola y Pepsi gastaron más de nueve millones de dólares en patrocinar estudios, indica el documento sobre El patrocinio a las organizaciones nacionales de salud por parte de dos grandes compañías refresqueras.

MÉXICO NO ES LA EXCEPCIÓN

La industria de los alimentos y bebidas azucaradas también ha cabildeado en México. Por un lado, ha buscado influir en las altas esferas del Gobierno federal, donde hoy ya no tiene el apoyo que solía tener; y por otra parte buscó relaciones en el Poder Legislativo, donde en la actualidad tiene fuertes aliados, de acuerdo con las 35 organizaciones agrupadas en la Alianza por la Salud.

“La industria está tratando de generar la percepción de que en esa decisión unánime en el Congreso sobre el etiquetado hay fracturas, pero no es así”, dijo a SinEmbargo Alejandro Calvillo Unna, director de El Poder del Consumidor.

El activista denunció que algunos legisladores de partidos como Acción Nacional (PAN) e incluso del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) sirven de cabilderos de estas empresas.

“Tienen aliados legisladores. Por ejemplo, de Morena está el Diputado Javier Hidalgo, a quien desde el principio se le veía muy relacionado con gente del Consejo Coordinador Empresarial y con todo ese sector”. Según Calvillo, Hidalgo habría boicoteado una primera modificación a la Ley General de Salud para que en México se implementara el nuevo etiquetado.

Para el directivo de El Poder del Consumidor, el apoyo que la industria tiene en el Congreso de la Unión y que perdió en el Gobierno federal ha provocado encono, sobretodo por la posición que ha tomado la Secretaría de Salud federal en defensa del nuevo etiquetado y la advertencia del consumo de productos chatarra.

“Desde el principio el doctor [Hugo] López-Gatell señaló que iban a promover una política para enfrentar a los determinantes comerciales de la salud, que es la industria chatarra”, destacó Calvillo y agregó que como primera medida desde el inicio del sexenio el doctor Jorge Alcocer Varela, Secretario de Salud, y el Subsecretario Hugo López-Gatell, desaparecieron el llamado Observatorio Mexicano de Enfermedades no Transmisibles (OMENT), que es un organismo creado en el sexenio de Enrique Peña Nieto y donde más del 60 por ciento de los asientos estaba ocupado por la industria.

La desaparición del OMENT no gustó a la industria y desde entonces ha emprendido una serie de ataques en contra de la Secretaría de Salud y su personaje más visible: Hugo López-Gatell, quien actualmente también es el encargado del manejo de la COVID-19 en México.

“Se enfrenta al trabajo coordinado de estas empresas y a las agencias de publicidad contratadas por ellas, las cuales tienen a su servicio una gran lista de articulistas, principalmente de las áreas financieras de los medios de comunicación”, alertó Calvillo. “Estas grandes corporaciones que se ven afectadas en su dominio e intereses se han unido con los grupos políticos que están aprovechando la pandemia para atacar a López-Gatell”.

El pasado 17 de julio, el doctor Hugo López-Gatell Ramírez afirmó que para conservar la salud de los mexicanos, quienes hoy enfrentan la pandemia de la COVID-19, es necesario dejar fuera de la alimentación los refrescos y otros productos industrializados.

“¿Para qué necesitamos el veneno embotellado, el de los refrescos? ¿Para qué necesitamos donas, pastelitos, papitas que traen alimentación tóxica y contaminación ambiental?”, expresó el Subsecretario en Chiapas causando la inconformidad de la Asociación Nacional de Productores de Refrescos y Aguas Carbonatadas (ANPRAC), que pidió a las autoridades sanitarias de México no estigmatizar y tener un diálogo respetuoso con la industria.

A partir de esa declaración de López-Gatell y de otras más que le siguieron en defensa de una sana alimentación, los ataques en su contra han quedado escritos en artículos de la prensa, comunicados de partidos políticos y gobernadores que han pedido su renuncia.

“Los ataques contra López-Gatell vienen de la industria que está poniendo mucha leña al fuego y tiene todos los recursos para hacerlo”, advirtió el director del Poder del Consumidor. “Ellos ya vieron que en el Poder Ejecutivo no tienen nada que hacer y el tema ahorita es el Poder Judicial”, refirió Calvillo Unna.

Hasta el corte de julio sumaban siete amparos para evitar el nuevo etiquetado por parte de empresas como Hersheys, Modelez (clorets) y Ferrero.

Con información de Sin embargo.