La Fiscalía General de la República (FGR) informó a Rosario Robles que tiene otra investigación en su contra por el presunto desvío de más de 60 millones de pesos de la Cruzada Contra el Hambre, cuando fue titular de la desaparecida Sedesol.

Durante la audiencia del pasado jueves, en la que fue imputada del delito de ejercicio indebido del servicio público, se le dieron a conocer las 22 convenios que investiga la FGR por el caso de la llamada Estafa Maestra.

De todos los contratos enumerados, el Fiscal federal Mario Bulmaro Fonseca señaló que sólo uno de los 22 fue firmado por la entonces Secretaria de Desarrollo Social, institución que en este sexenio fue convertida en la Secretaría de Bienestar.

Se trata de la carpeta de Investigación 2244/2017, de la Subprocuraduría de Delitos Federales, que indaga el convenio que el 15 de mayo de 2013 suscribió Robles con Jaime Valls Esponda, entonces rector de la Universidad Autónoma de Chiapas (UACH).

Según la Auditoría Superior de la Federación (ASF), este convenio fue para coordinar las acciones entre la Sedesol y la universidad para la operación de los proyectos de la Cruzada Nacional Contra el Hambre.

En especial, realizar trabajos como la conformación y consolidación de comités comunitarios, diagnósticos comunitarios, planes de desarrollo comunitario, la gestión e implementación de acciones y proyectos específicos.

Según la información que el Fiscal Fonseca dio a conocer en la audiencia ante el Juez de Control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, la ASF dictaminó que el daño al erario por este contrato fue de 60 millones 952 mil 400 pesos.

Indicó que en este caso no está acreditado que la universidad hubiese prestado los servicios a la Sedesol.

El fiscal mencionó que, con base en este convenio general, la dependencia y la universidad suscribieron un Convenio Específico de Coordinación sin número, 1 de febrero de 2015.

En éste participaron Víctor Manuel Tapia Castañeda, director de Desarrollo Comunitario en la Subsecretaría de Desarrollo Comunitario y Participación Social de la Sedesol, y Carlos Eugenio Ruiz Hernández, rector de la UACH.

La ASF señala sobre este convenio que de un total de 570 expedientes de igual número de comités comunitarios, que son parte de los entregables de los servicios realizados por la UACH, sólo 21 presentó algún documento formalizado en el ejercicio 2015.

El resto de la documentación presentada corresponde al ejercicio 2014.

Pero además, los documentos que se presentaron como comprobantes tienen tachaduras, borrones, enmendaduras y corrector en las fechas; o corresponden a dos actividades que son secuenciales con una misma fecha.

Además, las fechas asentadas en las actas de las asambleas comunitarias tampoco corresponden con las asentadas en las listas de asistencias en las que se registran las personas que acuden a dichos eventos. Adicionalmente, se entregaron listas de asistencia y actas de asambleas sin fechas.

Con información de Reforma.