Representantes de la ONU en México se deshicieron este miércoles en elogios hacia las medidas de distanciamiento social del país y restaron importancia a la subestimación de casos de COVID-19 confirmados, aunque mostraron preocupación por los ataques registrados contra el personal médico.

A pesar de que México aplica una cuarentena más laxa que muchos países de la región, el coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas en el país, Antonio Molpeceres, resaltó su apoyo a la “política de quedarse en casa” aplicada por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

“Concordamos plenamente y queremos apoyar las medidas propuestas por las autoridades nacionales para afrontar este desafío mundial que vivimos todos. Las medidas que se están tomando concuerdan plenamente con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS)”, expresó Molpeceres en conferencia de prensa.

Cuestionado por los periodistas, rehusó recomendar a México un confinamiento más duro y se limitó a afirmar que “en la medida que se pueda realizar” la cuarentena ayudará a superar la pandemia.

El Gobierno mexicano prohibió las actividades económicas no esenciales y exhortó a la población a quedarse en casa hasta el 30 de mayo, si bien no ha concretado sanciones para las empresas que lo incumplen y la cuarentena no es obligatoria para no afectar a los más de 50 millones de pobres que viven al día.

Con 857 fallecidos y más de 9 mil 500 casos confirmados de COVID-19, las autoridades mexicanas consideran que el país ya ha entrado en la fase de máxima expansión de la enfermedad, creen que el pico de la pandemia se alcanzará sobre el 10 de mayo y prevén levantar gradualmente el confinamiento a partir del 1 de junio.

El representante de la OPS y la OMS en México, Cristian Morales, que participa en las reuniones de las autoridades sanitarias mexicanas, aplaudió que el Gobierno haya decido “regionalizar la intensidad de medidas de mitigación” al plantearse levantar antes el confinamiento en municipios rurales sin transmisión de la enfermedad.

México ha detectado 9 mil 501 casos de COVID-19 mediante pruebas diagnósticas, aunque las autoridades sanitarias del país estiman que el número de contagios del país es hasta nueve veces mayor, por lo que se ascendería a los 85.500 casos.

Esto es así porque las autoridades sanitarias aplican el llamado modelo centinela de vigilancia epidemiológica, basado en hacer tests a unos casos concretos y calcular el potencial alcance de la enfermedad, en lugar de hacer pruebas masivas para detectar casos asintomáticos, como ha recomendado la OMS.

“Tiene repercusiones y estamos conscientes de que hay una subnotificación de casos positivos en el país”, admitió Jean-Marc Gabastou, encargado de salud pública de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Sin embargo, atribuyó este fenómeno al tiempo que se requiere para implementar pruebas de calidad y a la falta de notificación por parte de laboratorios privados, un problema que a su juicio “se está solucionando”.

Además, aplaudió que el país ha capacitado a 92 laboratorios en el país para hacer pruebas. “Es un número enorme, no creo que haya antecedentes en la región”, afirmó Gabastou.

Y puso especial énfasis en que las llamadas pruebas de diagnóstico rápido no sirven, en referencia a la demanda del gobernador del occidental estado de Jalisco para aplicarlas en su región.

El coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas condenó las decenas de agresiones registradas contra personal médico por parte de personas que los acusan de esparcir la enfermedad.

“Si hay un grupo que hay que proteger hoy en día es justamente el personal de salud, todos los días hay agresiones a esos grupos y van en aumento. Pedimos a las autoridades medidas correspondientes para protegerlos”, expresó Molpeceres.

También expresó su preocupación por el incremento de la violencia doméstica contra mujeres y menores durante el confinamiento, por la falta de acceso de los pueblos indígenas a información sobre la enfermedad y por la falta de atención médica a migrantes en la frontera con Estados Unidos.

En todos estos casos, las diferentes agencias de la ONU en México se están coordinando con las autoridades mexicanas para establecer mecanismos que resuelvan estas problemáticas.

Además, los representantes de la ONU aplaudieron que el Gobierno de México mantenga los programas de asistencia social a la población vulnerable y expresaron que la ley de amnistía aprobada el lunes para descongestionar cárceles frente a la pandemia “va en la dirección correcta”.

Con información de Sin Embargo.