El expresidente de México Enrique Peña Nieto y el general Salvador Cienfuegos Zepeda entablaron una relación de amistad 13 años atrás. La confianza del primero en el segundo fue tal que lo llevó a encabezar la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)… y a estar hermanados en los operativos contra el crimen organizado.
En su sexenio, Peña Nieto convirtió a su amigo en el encargado de presionar a los legisladores federales para aprobar la entonces llamada Ley de Seguridad Nacional, mediante la cual ambos obtendrían impunidad ante posibles acusaciones de violación de los derechos humanos durante la lucha contra el narcotráfico y evitarían pasar por un litigo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como sí le ocurrió a Felipe Calderón.
El engarce entre Peña y Cienfuegos fue el exgobernador de Coahuila Humberto Moreira, promovido como dirigente nacional del PRI cuando el mexiquense era precandidato presidencial.
La intervención de Moreira fue clave para Peña Nieto en el sector castrense, círculo del cual conocía poco.
El 2 de julio de 2012, día de la jornada electoral, Proceso publicó el reportaje Una ruta llena de fango, en el cual se da cuenta de la relación de Moreira con Peña Nieto y otros personajes cuestionados públicamente por su inesperado enriquecimiento; entre ellos también figuraba Carlos Castillo.
En octubre de 2011, un año antes de obtener la nominación oficial de su partido a Los Pinos, gobernadores y exgobernadores acudieron a un encuentro en McAllen, Texas, en la casa de Castillo –alías El Dragón–, para refrendar su apoyo a Peña Nieto.
En la cita estuvieron el entonces gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, y el de Tamaulipas, Egidio Torre Cantú, así como el exgobernador de Coahuila que para ese entonces ya era el dirigente nacional del PRI, Humberto Moreira.
El 15 de junio de 2009, Castillo, quien a la postre fue detenido por el gobierno estadunidense por presuntos vínculos con el crimen organizado, realizó una fiesta en su residencia de McAllen. Al encuentro acudieron, según el blog de noticias Signos de Tamaulipas, Peña Nieto, Humberto Moreira y el entonces gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández, actualmente preso por presuntos vínculos con el narcotráfico.
Debido a sus relaciones políticas y empresariales, Humberto Moreira se convirtió en marzo de 2011 en el personaje idóneo de Peña Nieto para dirigir el PRI.
Además del partido, el entonces dirigente nacional también fue el pasaporte de Peña a los círculos castrenses. Así, ese año resultó clave para el expresidente de México y los generales vinculados a Moreira, entre quienes figuran Jorge Juárez Loera, Roberto Miranda Sánchez y el propio Salvador Cienfuegos.
Los dos primeros eran viejos conocidos de Moreira, pues cada uno de ellos había estado al frente de la XI Región Militar, que abarca los estados de Coahuila, Chihuahua, Durango y Nuevo León.
En el mismo año que Moreira ascendió a la dirigencia nacional priista, el general de división Jorge Juárez Loera logró escalar a la Oficialía Mayor de la Sedena.
En el primer semestre de 2011 el general de división Diplomado de Estado Mayor (DEM) Roberto Miranda Sánchez fue nombrado inspector y contralor general del Ejército y la Fuerza Aérea.
Mediante Humberto Moreira, el peñanietismo logró sumar voluntades en el sector castrense. Sin embargo, la inesperada muerte del general Juárez Loera, el 21 de mayo de 2011, fue lo que benefició más a Peña Nieto.
De acuerdo con un comunicado de la Sedena, el deceso del general fue causado por un accidente de tránsito, un par de días después de que fuera enviado a retiro.
El lugar de Juárez Loera en la Oficialía Mayor fue ocupado por Miranda Sánchez, y el hueco que éste dejó como inspector y contralor general del Ejército y Fuerza Aérea fue ocupado por un hombre aún más cercano a Peña Nieto: Salvador Cienfuegos Zepeda.
La génesis de la relación entre Peña y Cienfuegos se ubica cuando el primero gobernaba el Estado de México y el segundo era el responsable de la Región Militar I, que comprende la Ciudad de México y la entidad mexiquense.
Durante su mandato estatal, Peña Nieto fue benévolo con los militares. El 29 de abril de 2009 firmó dos convenios con la Sedena en los cuales les transfería, vía permuta, dos grandes predios.
De esa manera, la 22/a Zona Militar abandonó el centro de Toluca –donde estaba desde hace 60 años–, para ocupar un predio de 70 hectáreas en el municipio de Rayón.
La nueva sede integra “un cuartel general, instalaciones para un batallón de infantería, otro para un cuerpo de defensa rural, una unidad habitacional militar con 118 viviendas, enfermería, jardín de niños y escuela primaria. “Además, una planta de tratamiento de aguas residuales y un pozo para el abastecimiento de agua potable, así como un auditorio, áreas deportivas y helipuerto”, detalló el entonces gobierno estatal de Peña en un boletín de prensa.
Sobre el segundo terreno se dio a conocer que se establecería en San Miguel Ixtapa, municipio de Tejupilco. “Una corporación militar con un efectivo de 654 hombres, lo cual constituye un hecho de gran significado y trascendencia para los habitantes del sur del estado, quienes se han visto amenazados por la presencia de grupos delictivos organizados”.
Al inicio de 2012 el general Miranda Sánchez pasó a retiro y, de nuevo, los movimientos favorecieron al entonces candidato del PRI a la Presidencia de la República: el lugar de Miranda en la Oficialía Mayor fue ocupado por el general Cienfuegos.
En tanto, el espacio que dejó Cienfuegos como inspector y contralor general del Ejército y Fuerza Aérea pasó a manos de otro cercano a Moreira: Mario Marco Antonio González Barreda.
Hasta el 17 de enero último, González Barreda fue el comandante de la XI Región Militar con sede en Torreón, Coahuila, cargo en el que antes estuvo el general Juárez Loera y anteriormente Miranda Sánchez, dos viejos conocidos de Moreira.
La cercanía del exgobernador de Coahuila con el sector castrense y las posiciones clave de sus amigos en la Sedena impulsaron a Cienfuegos para que, de manera inesperada, entrara en la carrera por la Secretaría de la Defensa Nacional.
Cienfuegos desplazó a Demetrio Gaytán Ochoa y a Luis Arturo Oliver Cen, quienes también ocupaban posiciones importantes en la Sedena.
Lozoya, Cienfuegos, Robles y Collado, los AMIGOS de EPN que ya fueron DETENIDOS
A continuación hacemos un recuento de los casos que cercan más a Peña Nieto. Rosario Robles Berlanga y Emilio Lozoya son algunos de los nombres de funcionarios que destacan, algunos de ellos con vinculación a proceso.
La detención del general Salvador Cienfuegos Zepeda, se suma a la de otros personajes de confianza del expresidente Enrique Peña Nieto, quienes ocuparon cargos importantes durante su administración.
Rosario Robles, quien fungió como titular de la Sedesol y Sedatu, también es investigada por la FGR quien busca imputarla y vincularla a proceso por el caso conocido como la “Estafa maestra”.
A través de la Fiscalía de Delitos Cometidos contra la Administración de Justicia de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia, la Fiscalía solicitó a un juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Sur, una audiencia inicial para imputación y vinculación contra Robles Berlanga.
Rosario Robles fue vinculada a proceso por ejercicio indebido del servicio público y se le impuso la medida de prisión preventiva justificada que deberá cumplir en el penal de Santa Martha.
En el Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Sur, la FGR acusó a Robles Berlanga de ejercicio indebido del servicio público, por presuntamente permitir un daño al erario de 5 mil 73 millones 358 mil 846.25 pesos, ya que como titular de las secretarías de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), y Desarrollo Social (Sedesol), no evitó la Estafa maestra.
El próximo 26 de octubre comparecerá ante un juez a audiencia intermedia para escuchar la acusación que formuló la Fiscalía General de la República (FGR) en la que solicitó que se le impongan hasta 20 años de prisión.
Una vez iniciada esta etapa comenzarán las audiencias para desahogar todas las pruebas ofrecidas tanto por la FGR como por la defensa de Robles y, eventualmente, el tribunal de enjuiciamiento dictará sentencia.
La madrugada del 16 de julio, Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), fue extraditado de España a México por los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho, en los casos de Odebrecht y Agronitrogenados.
El 28 de julio un juez federal vinculó a proceso al exdirector de Petróleos Mexicanos, por operaciones con recursos de procedencia ilícita en el caso de la compra irregular Agronitrogenados.
Al día siguiente se le vinculó a proceso por asociación delictuosa, lavado de dinero y cohecho en el caso Odebrecht, con lo que se convirtió en el segundo mexicano contra el que se dicta una determinación de este tipo por los sobornos entregados por la constructora brasileña.
El pasado 19 de agosto el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), en la que acusó a actores de diferentes corrientes políticas, principalmete del PRI y del PAN, de participar en supuestos actos de corrupción.
Entre los nombres destacan algunos de sus colaboradores en el gabinete del expresidente Enrique Peña Nieto, como lo son Luis Videgaray, José Antonio González Anaya y José Antonio Meade, quienes inmediatamente se delindaron de las acusaciones.
En su denuncia Lozoya señaló que hubo una serie de sobornos por más de 100 millones de pesos, los cuales fueron utilizados para la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto.
Indicó que Peña Nieto y Luis Videgaray Caso, ya en la Secretaría Hacienda y Crédito Público, le ordenaron entregar el dinero a asesores electorales extranjeros que colaboraron en la campaña.
Además apuntó que hubo una compra de votos para las reformas estructurales de 2013 y 2014, por 120 millones de pesos.
Hasta ahora no se conoce el destino del exdirector de Pemex, quien sigue su proceso en custodia y con brazalete electrónico.
A pesar de que el exsecretario de Relaciones Exteriores durante la administración de Enrique Peña Nieto, aún no ha sido objeto de investigaciones por parte de las autoridades mexicanas, sí fue señalado como participante en sobornos millonarios por parte del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya.
De acuerdo a la denuncia del exdirector General de Pemex, el expresidente Enrique Peña Nieto y su colaborador más cercano, Luis Videgaray Caso, le ordenaron distribuir más de 500 millones de pesos de los sobornos de Odebrecht para el pago a asesores extranjeros en la campaña de 2012, legisladores y un partido político.
En las acusaciones que el Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, Videgaray Caso aparece como protagonista y operador de sobornos y a quien el exfuncionario y sus allegados debían rendirle cuentas.
El nombre de Videgaray Caso está mencionado en la denuncia al menos 99 veces, en las que Lozoya Austin lo calificó como pieza clave y el hombre de más confianza de Peña Nieto para operar y designar la entrega de cantidades millonarias obtenidas ilícitamente para diversos fines.
Ante ello el exsecretario de Hacienda Luis Videgaray aseguró que las denuncias de Emilio Lozoya son “absurdas, temerarias e inconsistentes”, además de falsas, y recordó que era de todos conocida su mala relación personal con el exdirector de Pemex por lo que llamó el mal manejo financiero de la petrolera del Estado.
En redes sociales, Videgaray dijo que las acusaciones en su contra son “mentiras inventadas para intentar librar las consecuencias de sus actos”, y que el único responsable de lo que ahora enfrentan su hermana, madre y esposa es él mismo.
Con información de Proceso