Tomás Zerón de Lucio, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Procuraduría General de la República (PGR) en el sexenio de Enrique Peña Nieto, se niega a regresar a la ahora Fiscalía General de la República (FGR) un aparato de seguridad personal que incluye a 24 escoltas, cuatro carros blindados y cuatro más que lo mismo lo cuidan a él que a su familia.

Zerón de Lucio, quien el pasado 29 de julio fue denunciado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ante la FGR por diversas irregularidades en la investigación de la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, se amparó hace días para no devolver el aparato de protección a costa del erario público y argumentó que, según un acuerdo del 29 de septiembre de 2016, la PGR ordenó que le mantendrían escoltas y vehículos blindados hasta septiembre de 2021.

Sin embargo, este lunes, la Fiscalía General de la República impugnó esa suspensión definitiva concedida por un Juez de la Ciudad de México, por lo que será un Tribunal Colegiado el que decida si procede o no quitarle la protección al ex funcionario del Gobierno de Peña Nieto.

En una imagen del 27 de enero de 2015, Tomás Zerón y el entonces titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, explicaron alos medios que los 43 estudiantes de Ayotzinapa fueron privados de la libertad, calcinados y sus restos fueron arrojados al Río San Juan, en Cocula, Guerrero.

Tomás Zerón es indagado actualmente por la Comisión para la Verdad y la Justicia del caso Ayotzinapa. La investigación forma parte de la recomendación que hizo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre el caso Ayotzinapa.

Durante años, los padres de los 43 y el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) pidieron investigar a Tomás Zerón, pero fue protegido desde la Presidencia de la República. Se volvió asesor de Peña mientras en las calles se pedía su cabeza por haber realizado un montaje que dio con la famosa “verdad histórica”.

En las manos de Zerón quedó la investigación de la desaparición de los 43 normalistas, la fatídica noche del 26 de septiembre de 2014, el evento que hizo caer la aprobación de la gestión del Gobierno de Enrique Peña Nieto.

Poco antes de dejar México y cumplir el mandato de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el funcionario fue señalado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) como la persona que supuestamente manipuló evidencias en el Río San Juan de Cocula, Guerrero, y las convirtió en datos cerrados.

Los expertos en peritaje de ese grupo hicieron notar que en el expediente no había sido incluida una visita que el funcionario hizo al Río San Juan el 28 de octubre de 2014, antes de que la PGR brindara un informe en el que sostuvo que los desaparecidos habrían sido quemados en un gigantesco incendio. Las laderas de ese río son un escenario fundamental.

Ahí se encontró parte de la osamenta del único normalista identificado hasta ahora, Alexander Mora Venancio. Fue ese hallazgo uno de los argumentos de la PGR para exponer que los estudiantes habrían sido incinerados en un gigantesco basurero en el municipio de Cocula, Guerrero, y luego, lanzados al río. El GIEI presentó un video del paso de Zerón por Cocula y cuestionó qué hacía ahí antes del informe. Zerón presentó uno propio.

Con información de Nación Unida, Twitter.