Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), fue detenido el 12 de febrero en Málaga, España, por la Interpol y la policía de ese país, de acuerdo con el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero.

El ex funcionario en el gobierno de Enrique Peña Nieto está acusado por los delitos de delincuencia organizada, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Un grupo de abogados declaró que ante los señalamientos del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, el Gobierno de México tendría la «excusa perfecta» para tirar abajo la Reforma Energética que nació en supuesta corrupción, por lo que se tiene esa posibilidad.

«Sí podrían (tirar la reforma), pero es un proceso larguísimo, con sobornos o sin sobornos las leyes se aprobaron en un acto legislativo, entonces solo otro acto legislativo puede terminar con el primero (…) Creo que más que impugnar la legalidad (de la reforma), van a tratar de decir: ‘esto se aprobó en un evidente acto de corrupción, entonces hay que tirarla’. No pueden regresar a como estaba antes, tendrían que hacer una nueva reforma», señaló Daniel Sánchez, socio en la práctica de energía de Baker McKenzie.

Con los acontecimientos recientes se han generado algunas cuestiones alrededor de la Reforma Energética, la principal acción constitucional del gobierno priísta de Enrique Peña Nieto; por lo que los abogados declararon que si bien se comprueba que hubo sobornos, no sería lo suficiente para que esta acción sea derogada instantáneamente.

Sin embargo, los sobornos son algo de lo que se puedan sustentar en el actual Gobierno para afirmar que «debido a su procedencia irregular» se tiene que cambiar o eliminar. Según señaló el asociado sénior del despacho Dentons López Velarde, Bernardo Cortés, «para derogarla debe haber un cambio constitucional», una contrarreforma, que es necesaria para erradicar esta reforma peñista.

«Pareciera que es un tema más político que legal, pero si toman esa bandera evidentemente podrían hacer los cambios necesarios para hacer una contrarreforma», añadió el asociado sénior Bernardo Cortés.

Contratos sin corrupción

Ante este posible cambio, pese a que el gobierno en turno ha respetado los contratos otorgados, cabe la posibilidad de que estos terminen cancelados, solo si estos actos se dieron en corrupción; de lo contrario, no hay problema alguno en que estos contratos sigan llevando «la guerra en paz», por lo que se esperaría una comprobación de cada uno de los más de 100 contratos.

«La posibilidad (de cancelación) existe en la medida que lo comprueben respecto a ese contrato en específico. En la medida en que pudieran comprobar que hubo un acto de corrupción sobre un contrato en específico, entonces ahí sí tendrían la posibilidad de poder rescindir», detalló Bernardo Cortés.

Con información de El Gato Político.