Redacción

El Instituto Nacional Electoral (INE) no tiene ni el personal ni los recursos necesarios para verificar y validar la consulta para llevar a juicio a ex presidentes, pues las firmas deben ser revisadas y capturadas.

Así lo informó el Instituto al exponer el proceso que deberá seguir para verificar número, validez de las firmas y que éstas hayan sido emitidas de manera voluntaria por los ciudadanos.

n oficio dirigido al presidente de la mesa directiva del Senado, Eduardo Ramírez Aguilar, el secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina, detalló que se revisará el contenido de las 80 cajas con documentos que fueron recibidas y conforme al procedimiento se verificará primero que se cumpla el requisito numérico de firmas equivalentes al 2% de la Lista Nominal, es decir, 1 millón 821 mil 405.

Esto –según el oficio fechado el pasado 17 de septiembre- llevará entre 8 y 10 días pues además de contarlas, revisará que cada firma emitida esté en los formatos que fueron avalados por la Cámara de Diputados, contengan nombre completo, clave de elector y OCR, así como firma idéntica a la de la credencial para votar.

De estar incompletos o no cumplir con los requisitos, los datos no serán contabilizados, por inconsistentes. Sólo de alcanzarse ese número mínimo el INE expedirá al Senado un acuse de recepción para hacer constar el número total de formatos y registros recibidos.

Será hasta entonces cuando comenzará a contar el plazo de 30 días para que el INE realice la verificación de las firmas, etapa en la que se compulsará cada firma con los datos contenidos en la Lista Nominal de Electores (LNE).

Para esa etapa se contempla la contratación de personal y adquisición de equipo y papelería, según informó el INE en un comunicado. La siguiente fase consistirá en que el INE visitará a un porcentaje de las personas firmantes para validar que se trate de un apoyo auténtico.

En 2015, para verificar la validez de firmas que en ese entonces recabaron Morena, PRD, PAN y PRI, cada partido para promover sus propias propuestas de consultas públicas, el INE tuvo que contratar personal con un costo de 30 millones de pesos, para capturar casi 13 millones de firmas entregadas físicamente y poder compulsar datos con el LNE, y en un plazo de 30 días, como marca la Constitución.

Por ese antecedente el INE desarrolló una aplicación móvil para recabar apoyos (firmas) con datos de las credenciales de elector e incluso foto “viva” de quienes apoyan candidaturas independientes, o de quienes se afiliaron a organizaciones que buscan ser partidos políticos.

Pero para consultas ciudadanas el formato sigue siendo físico, y las firmas recabadas en papel, lo que dificulta la compulsa con más de 90 millones de datos de ciudadanos inscritos en la LNE, por lo que el INE anticipó que deberá destinar recursos para capturar los datos en la aplicación electrónica.

El trabajo “implicará la erogación de recursos destinados a la contratación de personal e insumos de papelería, así como equipos para la captura de la información contenida en los formatos en una herramienta tecnológica que empleará el INE para la verificación”.

Este año sin embargo las firmas a verificar son 2.7 millones que, según el comité promotor de la consulta, al que pertenece la senadora con licencia Citlalli Hernández y Omar García, exnormalista sobreviviente de la desaparición de estudiantes de Ayotzinapa, habrían entregado al Senado en 77 cajas.

Según los promoventes son dos consultas las solicitadas, una con el tema “juicio a expresidentes e investigación” y otra “juicio a expresidentes para condenar los presuntos actos ilícitos que hayan causado afectaciones o daños graves al país”.

Con información de Proceso