Redacción
Lorenzo Córdova, consejero
presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) advirtió que los mil 499
millones 392 mil 669 pesos para realizar la consulta popular para pedir un
juicio en contra de expresidentes convocada por el Poder Legislativo, serán
adicionales a los 20 mil millones de pesos que solicitó para el ejercicio
fiscal del próximo año.
“Se concluyó que para realizar
la consulta popular el 1° de agosto de 2021, sin afectar las actividades de la
institución durante el proceso electoral ya en curso, es necesario solicitar
recursos adicionales”, indicó.
El INE indicó que en caso de
ser aprobados, estos recursos deberán ser solicitados a la Cámara de Diputados
para su análisis e integración en el Presupuesto de Egresos del Instituto para
el ejercicio 2021.
Córdova Vianello señaló que se
propone un gasto total de mil 499 millones de pesos -cifra mucho menor a los 8
mil millones de pesos que cuesta llevar a cabo un proceso electoral de
principio a fin-, distribuido en cuatro grandes rubros, correspondientes a las
cuatro áreas del Instituto directamente involucradas en la organización de este
proceso de consulta.
Con información de Político
El presupuesto previsto para la Consulta Popular a realizarse el 1 de agosto de 2021 asciende a mil 499 millones de pesos. Sin menoscabo de la certeza y calidad técnica del proceso, el INE planea ahorros importantes para organizar dicho ejercicio de democracia participativa. https://t.co/eXxUbr6J6u
— Lorenzo Córdova V. (@lorenzocordovav) October 27, 2020
Diputados aprobaron la
consulta
Con 272 votos a favor y 116 en
contra, se avaló el documento enviado por el Senado de la República y se
declaró la procedencia de la consulta, por lo que se solicitó notificar al
Instituto Nacional Electoral (INE) quien determinará la metodología para
realizar el ejercicio.
Por ello, se considera
procedente convocar a las y los ciudadanos a consulta popular el domingo 1 de
agosto de 2021 para que se manifiesten sobre la siguiente pregunta:
“¿Estás de acuerdo o no en que
se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y
legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas
tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar
la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.
Con información de El
Economista