Las empresas mineras han encontrado una nueva forma de violar la soberanía de los países de América Latina para imponer sus proyectos: demandar con montos millonarios a los gobiernos ante un sistema de arbitraje supranacional cuando se implementan políticas públicas en respuesta a las exigencias de comunidades afectadas por la minería.

El informe "Casino del Extractivismo: las empresas mineras apuestan con la vida y la soberanía de América Latina usando el arbitraje supranacional", elaborado por la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA), el Instituto de Estudios Políticos (EU), el Centro para el Derecho Ambiental Internacional (EU) y Alerta Minera Canadá (MININGWATCH), demuestra cómo el acudir al arbitraje supranacional es una oportunidad para que las mineras se enriquezcan a través de temerarias apuestas dentro de un sistema donde las probabilidades están en su favor.

"La facultad de éstas últimas de acudir a espacios de arbitraje supranacional representa otra amenaza a la autodeterminación de las comunidades y a las pocas protecciones a las que pueden acudir a través de sus cortes, sistemas regulatorios y gobiernos para exigir que se respete sus derechos humanos y hacer cumplir la ley", dice Jen More Y Manuel Pérez-Rocha Loyo, autor del informe.

La proliferación del arbitraje entre inversionistas y Estados de parte de empresas mineras contra gobiernos en América Latina coincide con el aumento de conflictos y resistencias comunitarias en contra de la desenfrenada expansión de la minería metálica industrial en la región.

México, Argentina, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Colombia Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Chile, Guatemala, Uruguay, El Salvador, Paraguay, Nicaragua, Honduras, Granda y Guyana, son los países de Latinoamérica y El Caribe donde las mineras han presentado casos de arbitraje en contra de los gobiernos.

Con información de Emmanuel Ameth.