Aunque son muchas las acusaciones por las cuales deben ser juzgados los expresidentes de la República, varios de esos delitos pueden estar prescritos jurídicamente, pero la sociedad y la prensa aún pueden someter a un juicio social y un juicio histórico a los últimos cinco exmandatarios por la desbordante corrupción que promovieron y de la cual se beneficiaron, lo que principalmente generó la enorme pobreza de las dos terceras partes de la población, algo así como 80 millones de mexicanos.

Sobre esos cinco expresidentes –Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto– hay suficientes pruebas y testimonios en su contra, por abuso de poder, tráfico de influencias, violación a los derechos humanos y desvío de recursos públicos.

En esta entrega toca el turno al priísta Ernesto Zedillo, sobre quien pesan muchos expedientes que describen el enorme daño que causó a la nación, como por ejemplo el multimillonario robo del Fobaproa-IPAB; el remate de los ferrocarriles; los contratos de obras públicas entregados a las empresas (Grupo Intecom) de su familia, y los favores fiscales (perdones y condonaciones de impuestos) que la Secretaría de Hacienda y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) concedieron a sus hermanos cuando Zedillo era presidente.

Sin embargo, nos centraremos en describir los vínculos y las pruebas (documentales y testimonios) de la complicidad de Ernesto Zedillo y su familia con el narcotráfico, específicamente con la organización de los hermanos Amezcua Contreras, conocidos como los reyes de las metanfetaminas y, de colofón, las investigaciones ministerial y militar en contra de quien fuera el poderoso secretario particular del presidente, el licenciado José Liébano Sáenz

Los gobiernos posteriores a la administración de Ernesto Zedillo en la Presidencia de la República, concretamente los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón, se negaron a seguir una línea de investigación que apuntaba a los vínculos de la familia del expresidente con el Cártel de Colima, específicamente de suesposa Nilda Patricia Velasco; el padre de ésta, Fernando Velasco Márquez, y los cuñados del exmandatario: Fernando y Francisco Velas

Todo comenzó cuando el Instituto Nacional de Combate contra las Drogas intervino en 1996 y 1997, en plena administración presidencial de Ernesto Zedillo, los teléfonos de varios integrantes del cártel de Colima, liderado por los hermanos Jesús, Luis y Adán Amezcua Contreras, conocidos en la década de 1990 como los reyes de las metanfetaminas, lo que permitió a la Procuraduría General de la República (PGR) grabar miles de horas de conversaciones de esos narcotraficantes actualmente presos.

Al frente del INCD estaba el general Jesús Gutiérrez Rebollo, quien después de revelar al secretario de la Defensa, general Enrique Cervantes Aguirre, que en esas grabaciones había conversaciones de narcotraficantes con miembros de la familia política de Zedillo, el militar fue detenido y encarcelado hasta su muerte por una relación que mantuvo con el jefe del Cártel de Juárez, Amado Carrillo Fuentes.

Ya preso, Gutiérrez Rebollo reveló públicamente que tenía pruebas de los vínculos de los hermanos Amezcua Contreras con la familia política del presidente, pero sus acusaciones fueron rechazadas por la PGR y por la misma Secretaría de la Defensa Nacional, a pesar de tener en su poder dichas grabaciones.

Sin embargo, en un documento confidencial de la entonces Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Salud (FEADS), de la PGR, denominado “Organización de los hermanos Amezcua Contreras, tráfico internacional de Efedrina” (en poder de Contralínea), se confirma la relación de la esposa, cuñados y suegro del expresidente con ese grupo de narcotraficantes que operaba en Colima, de donde es oriunda la familia política de Zedillo.

En ese reporte confidencial de 43 páginas, en una de las intervenciones telefónicas del 2 de diciembre de 1996 –segundo año de gobierno de Ernesto Zedillo– Jesús Amezcua es informado por el licenciado Constantino Tirado, otro miembro de la banda, sobre la intervención directa de Nilda Patricia Velasco de Zedillo para ayudar al cártel en un problema de posesión de tierras.

En dicha conversación telefónica, Tirado le dice a Jesús Amezcua: “Ya se ordenó la ejecución de la sentencia, para efectos de poder escriturar terrenos de La Providencia y que solicitaron una suspensión. Que el magistrado Jesús Cantero Aguilar, de la Tercera Sala, le indicó que era orden directa de la esposa del señor presidente de la República. Por lo que había hablado con un amigo de la Presidencia, que es abogado personal del presidente, quien habló con Luis Téllez, que es director de la oficina de la Presidencia, lo que era antes [José María] Córdoba Montoya, que finalmente se arregló la cosa. Que mandaron a la chingada a la esposa del señor presidente de la República, pero resulta que autorizaron la suspensión, siempre y cuando se depositaran 200 mil pesos como garantía por daños y perjuicios y que solicitó que revocaran eso.

“Que el conflicto en sí, es que el yerno de don Luis, Armando Magaña, es amigo de un señor de nombre Salvador Olivares, de Tuxpan, Jalisco, y Salvador Olivares es compadre de Luis Amezcua y éste es amigo de Fernando Velasco, cuñado del señor presidente de la República, por lo que deduce que Armando le solicitó el favor a Salvador Olivares, o sea al hermano de Jesús (Luis Amezcua), y él le pidió el favor a Fernando Velasco y éste a su hermana (Nilda Patricia) la esposa del presidente de la República”.

El amplio expediente de la FEADS detalla quién era esa familia de criminales que traficaban efedrina, integrada por tres hermanos Amezcua Contreras y apoyados en la década de 1990 por el Cártel de Tijuana, de los hermanos Arellano Félix.

La peligrosidad de las sustancias que traficaban para la elaboración de estupefacientes químicos y que operaban en las ciudades de Tijuana, Guadalajara, Colima, Monterrey y el entonces Distrito Federal, así como San Diego y Iowa, en Estados Unidos, llevó a los gobiernos de ambos países a realizar múltiples operativos para combatir a esas bandas, hasta que se toparon con la familia presidencial de Zedillo y de pronto las investigaciones y el intercambio de información cesaron.

Este expediente que se quedó en los archivos de lo que fue la corrupta PGR y que nunca fue consignado a un juez federal, podría ser retomado ahora por el fiscal general Alejandro Gertz Manero y ser una de las nuevas investigaciones que los mexicanos exigen se inicien en contra de los expresidentes.

Con las manos esposadas a la espalda y tres balazos en la cabeza, el 22 de junio de 1999 apareció en un lote baldío de Hermosillo, Sonora, el cuerpo acribillado del agente de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada (UEDO) de la Procuraduría General de la República, Héctor Rodríguez Armendáriz.

Oficialmente, la PGR lo manejó como un simple ajuste de cuentas entre bandas del narcotráfico y su relación con agentes federales; es decir, nada nuevo, pero en ese crimen hubo elementos que lo hacían distinto, como el hecho de que ese agente especial fue el responsable de la investigación e integración de un expediente ministerial clasificado confidencialmente en la PGR con el nombre de Caso LEO, en donde se acusaba al otrora poderoso secretario particular del expresidente, José Liébano Sáenz, cuyos antecedentes fueron prácticamente “borrados” de los archivos de la Procuraduría por instrucciones de su jefe Ernesto Zedillo Ponce de León y sólo en un comunicado oficial la PGR informó que esa investigación se había cerrado por falta de elementos.

En aquel viejo expediente judicial en poder de Contralínea se da cuenta de que el agente federal Rodríguez Armendáriz concluía que había evidencias suficientes de relaciones por lo menos sospechosas del secretario particular de Zedillo con grupos de narcotraficantes y lavadores de dinero, lo que provocó que los últimos días que estuvo con vida el agente federal sufriera fuertes presiones y amenazas de muerte, por lo que primero intentó renunciar a la PGR para salvarse, pero no se lo permitieron su entonces jefe José Trinidad Larrieta Carrasco ni el entonces procurador Jorge Madrazo Cuéllar, quienes discplicentes minimizaron los gritos de auxilio de Rodríguez Armendáriz y, en respuesta, cerraron el expediente de la averiguación previa en contra de Liébano Sáenz por “falta de pruebas”.

Ninguna duda había de que el agente especial temía por su vida y eso se lo comunicó a su esposa. En varias ocasiones solicitó a sus superiores, incluido el propio Madrazo, que lo transfirieran a algún consulado fuera del país, como ocurrió en aquel entonces con el extitular de la UEDO, Samuel González, quien fue enviado como cónsul a Sevilla, España, después de haber sido el responsable de un interrogatorio a Liébano Sáenz, a quien le preguntó hasta de una supuesta relación íntima que mantuvo la hermana de este secretario particular del presidente con uno de los principales narcotraficantes del Cártel de Juárez.

Pero en la PGR se negaron a atender las peticiones que hizo de forma verbal y por escrito el agente especial –cartas cuya copia tiene Oficio de papel–, y en medio de su desesperación Rodríguez Armendáriz solicitó con urgencia su baja de la UEDO para intentar huir del país y ocultarse en el extranjero.

Pero ya no tuvo más tiempo para poder escapar con vida y la última carta que escribió Rodríguez Armendáriz antes de su muerte fue entregada en la secretaría particular de la oficina del procurador Jorge Madrazo, en donde le imploraba que temía por su vida y pedía el auxilio del abogado de la nación, quien lo ignoró.

La respuesta salvadora nunca llegó y la PGR fue incapaz de proteger a uno de sus mejores agentes de investigación que copmetió “el error” de investigar hasta el fondo al secretario particular del presidente Ernesto Zedillo.

Aunque este crimen ocurrió hace poco más de 21 años, en plena administración zedillista, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador también podría indagar esa muerte de Rodríguez Armendáriz y por lo menos limpiar su nombre o, tal vez, ir más allá e indagar las relaciones del crimen organizado con ese expresidente priísta.

En un informe de la V Región Militar del Ejército Mexicano, fechado el 4 de diciembre de 1995, Comandancia No. 39872, bajo el título: “Para la atención del C. Gral. Secretario Def. Nal. (Enrique Cervantes Aguirre)” (en poder de Contralínea), el entonces general de división comandante Jesús Gutiérrez Rebollo describe que en el interrogatorio de un militar desertor, el subteniente Francisco Corona García, alías el Negro, éste confieza que era integrante del cártel de Juárez y operaba para Amado Carrillo Fuentes y su lugarteniente Eduardo González Quirarte, encargado de lavar dinero.

Pues ese militar desertor, según el reporte oficial del Ejército Mexicano, “otra persona con la quien tiene relación Amado Carrillo es el Lic. Liévano Sáenz, secretario particular de la Presidencia de la República”.

En ese reporte militar el subteniente Corona dice que escuchó que Amado Carrillo Fuentes le comentó a Eduardo González Quirarte, “compadre, ya mandé pedir el dinero para hacerle su regalito de navidad al Lic. Liévano Sáenz, para que nos vaya bien con Santa Claus, el regalo sería una casa.

“El subteniente Corona le preguntó al final a Eduardo González que quién era el Lic. Liévano Sáenz, porque no lo conocía, y éste le contestó que era el secretario particular del Sr. Presidente de la República.

“También manifestó que en una plática que sostuvo con Eduardo González Quirarte en su domicilio, después del atentado que sufrió González Quirarte, éste le indicó que Amado Carrillo Fuentes llevaba buena amistad con el Lic. Liévano Sáenz, ya que Amado lo apoyó económicamente durante la campaña del candidato a la Presidencia del Dr. Ernesto Zedillo, incluso Eduardo González llevó personalmente unas camionetas para la citada campaña, no especificando el número de vehículos”.

Conoce las acusaciones de AMLO contra Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña:

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dio a conocer este martes 15 de septiembre la solicitud para realizar una consulta ciudadana sobre si se debe o no juzgar a los últimos cinco expresidentes de México.

AMLO señaló que estos exmandatarios gobernaron de 1988 a 2018, es decir, durante el llamado periodo neoliberal, donde presuntamente se desmanteló al Estado para beneficiar al capital privado.

Se trata de Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto. AMLO detalló en el documento las razones por las que estos políticos podrían ser llevados a juicio.

Salinas de Gortari (1988 – 1994)

López Obrador señala que fue en el periodo de Salinas donde se acrecentó la desigualdad en el país, pues se entregó a particulares nacionales y extranjeros una cantidad sin precedentes de bienes públicos.

Un dato: en julio de 1988, cuando Salinas fue impuesto mediante un fraude electoral, en la lista de la revista Forbes –en la cual figuran las personas más ricas del mundo–, solo aparecía una familia mexicana, la de los Garza Sada, con dos mil millones de dólares; pero al finalizar aquel sexenio, ya estaban incorporados a ese listado otros veinticuatro mexicanos, que 4 poseían en conjunto más de cuarenta y cuatro mil millones de dólares.

Ernesto Zedillo (1994 – 2000)

Sobre el expresidente Zedillo, indica que continúo con la políticas salinistas al seguir con los procesos privatizadores como el sistema de ferrocarriles. Pero sobre todo por avalar el rescate bancario de 1998 por medio de una deuda que aún se sigue pagando.

A la fecha, aunque el país ha pagado a los bancos 700 mil millones de pesos por bonos del Fobaproa, esa deuda pública asciende a cerca de dos billones y no terminará de saldarse sino hasta el año 2070.

Vicente Fox (2000 – 2006)

AMLO explicó que Fox llegó a Los Pinos con la esperanza de la alternancia, sin embargo, resultó ser más de lo mismo e intervino en el proceso electoral de 2006, justamente para evitar que el propio López Obrador llegara a la Presidencia de la República.

En una entrevista con Telemundo, admitió que “era importante detener a López Obrador”, y en 2010 se jactó de haber “cargado los dados” del proceso electoral. De esa forma, traicionó el mandato democrático al que se debía y los principios mismos de la democracia.

Felipe Calderón (2006 – 2012)

Sobre su principal adversario político, López Obrador lo culpa de haber iniciado la llamada guerra contra el narco y desatar la violencia en el país, mientras que sus colaboradores cercanos presuntamente estaban coludidos con grupos delincuenciales.

Lo más grave: colaboradores suyos y periodistas independientes le señalaron los indicios de que su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, era cómplice de una de las facciones del narcotráfico, pero el gobernante no hizo nada. A la luz de la detención y el enjuiciamiento de García Luna en Estados Unidos, la actitud de Calderón solo puede explicarse como fruto de una extremada irresponsabilidad o de complicidad activa o pasiva con la delincuencia organizada.

Peña Nieto (2012 – 2018)

De Peña Nieto señala que recibió sobornos de parte de Odebrecht para financiar su campaña presidencial, periodo en el que también contendió AMLO, además de presuntamente pagar a legisladores para aprobar las reformas estructurales.

Los señalamientos de (Emilio) Lozoya apuntan a la presunta complicidad de Peña Nieto en las cuantiosas sumas de dinero que se entregaron a legisladores del PAN para obtener los votos y la aprobación de la llamada reforma energética, así como en la compra fraudulenta de la planta de fertilizantes Agronitrogenados, operación que causó al erario un quebranto superior a los 200 millones de dólares.

Cabe mencionar que, aunque López Obrador ha pedido la consulta, él votaría en contra de enjuiciarlos, pues dice es momento de ver hacia adelante.

Con información de Contralínea y Reporte Indigo.