“¿Opera la Policía Metropolitana en su municipio?”, se le preguntó al presidente municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos, Eduardo Cervantes. Él se mostró desinformado y aceptó que sus agentes carecen de capacitación.

En julio pasado, el gobernador y los alcaldes firmaron el convenio para crear la Policía Metropolitana. A casi un año no hay información sobre avances, presupuestos ni distribución de elementos para la corporación, que pretendía fusionar a más de siete mil 500 con mejores salarios y mayor capacitación.

Sólo se conoce que el Gobierno federal no apoyó con 500 millones de pesos para fortalecer a la institución, por eso sólo cuenta con 50 operativos.

Mientras tanto, 15 mil 437 uniformados de las corporaciones estatal y municipales en Jalisco han reprobado los exámenes de control y confianza en los últimos ocho años (algunos en varias ocasiones), confirmó la Secretaría General de Gobierno.

Se solicitó entrevista con el comisario metropolitano, Arturo González, pero no se concretó. Las dependencias involucradas turnaron a la Coordinación de Seguridad del Estado, que respondió que la Policía Metropolitana no tiene área de prensa y no está a su cargo.

Aunque desde agosto pasado, cuando se presentó a Arturo González como titular de la Policía Metropolitana de Guadalajara, se autorizó realizar operativos coordinados con las distintas corporaciones para prevenir los delitos de alto impacto, a la fecha no se tiene un reporte del trabajo realizado. 

Tras no recibir presupuesto federal para 2020 (se habían solicitado 500 millones de pesos), de los siete mil 500 elementos municipales que formarían parte de la nueva corporación, el número de integrantes se limitó a 50 agentes, quienes iniciarían tareas estratégicas desde abril pasado. 

Anuar García, presidente de la Organización México SOS en Jalisco, subraya que esta Policía está operando “en el papel” porque en la práctica no se le ve “en acción”. 

“Se suponía que se coordinarían y que están operando con esa supercoordinación en la Zona Metropolitana de Guadalajara, pero los eventos que han ocurrido dicen lo contrario; no sólo me refiero al asesinato de Giovanni López (por parte de policías de Ixtlahuacán de los Membrillos), sino también cuando le robaron una patrulla a un elemento de Tlajomulco y que se vinieron por toda la zona metropolitana y no lo podían detener. Ahí nos dimos cuenta que no había coordinación entre los grupos de seguridad”.

El alcalde de Zapopan, Pablo Lemus, responde que es al comisario metropolitano a quien le corresponde informar sobre el número de elementos con los que cuenta actualmente. “Sólo ellos tienen los datos de los elementos que hemos proporcionado en total”. 

Agrega que este día tomarán el acuerdo para convocar a la próxima sesión de la Junta de Gobierno, en donde se rendirá  el informe correspondiente. 

Cuestionado también sobre la operación de la Policía Metropolitana, el alcalde de Ixtlahuacán de los Membrillos, Eduardo Cervantes, se mostró desinformado, aunque reconoció que a los elementos de su municipio les falta capacitación. 

De los nueve municipios que conforman la metrópoli, en tres de éstos han sido intervenidas sus corporaciones policiales ante la presunción de la posible infiltración del crimen organizado (de 2014 a la fecha): Tlajomulco, Tlaquepaque y, recientemente, Ixtlahuacán de los Membrillos, tras el asesinato de Giovanni López a manos de policías municipales.

La Coordinación Estratégica de Seguridad de Jalisco se deslindó de la operación de la nueva corporación, que es una promesa del gobernador.  El Ayuntamiento de Guadalajara tampoco concedió una entrevista (sólo informó que 22 elementos tapatíos forman parte de la nueva corporación).

Acuerdo. Tras diferencias entre los alcaldes Pablo Lemus y María Elena Limón, en julio de 2019, el gobernador de Jalisco y los presidentes municipales de la metrópoli firmaron el convenio para la creación del Organismo Público Descentralizado Intermunicipal denominado Policía Metropolitana de Guadalajara.

Promesa. El gobernador afirmó que este nuevo modelo daría mejores resultados en inteligencia, coordinación y operación policial: “Lo que se anuncia es una gran noticia para nuestra ciudad y agradezco la solidaridad, el compromiso y la visión metropolitana de las presidentas y presidentes municipales que hoy estamos dando este paso histórico”. Sin embargo, nadie informa sobre las acciones, estrategias o avances de la nueva corporación.

Organismo. El mandatario explicó que la Policía Metropolitana pasaría por un proceso de perfeccionamiento en su creación como OPD, donde se establecería su estructura administrativa, financiera y operativa para “lograr la paz en Jalisco”.

Comisario. A la par de la firma del convenio se anunció al general Arturo González como comisario de la nueva corporación, tras el consenso entre el Gobierno del Estado, los Ayuntamientos y el Gobierno federal a través de la Guardia Nacional.

Gasto. Para el arranque de la Policía Metropolitana, el Gobierno del Estado tenía previsto destinar 150 millones de pesos.

El viernes pasado, la Secretaría de Seguridad de Jalisco tomó el control de la Policía de Ixtlahuacán de los Membrillos, tras el asesinato del joven Giovanni López a manos de agentes. Con ésta suman 16 corporaciones municipales desarmadas por el Ejecutivo estatal desde 2014 a la fecha. 

La Coordinación Estratégica de Seguridad de Jalisco informó que fue intervenida como una medida ante “los abusos, excesos y sospechas que hay” sobre el comportamiento de los elementos de dicha corporación, “que incluyen varias carpetas de investigación, una de ellas relacionada con el homicidio de un ciudadano”. 

El secretario de Seguridad, Juan Bosco Agustín Pacheco, reportó que entre las anomalías destacan que varios elementos no habían sido dados de baja, pese a no estar en activo; otros se encontraban operando, pero no estaban dados de alta en el sistema. Y algunos no habían aprobado las pruebas de control y confianza. 

De acuerdo con información otorgada Vía Transparencia por la Secretaría General de Gobierno, entre 2013 y 2020, un total de 92 elementos de este municipio reprobaron los exámenes de control y confianza. Durante este año, con corte a marzo pasado, tres no habían pasado las pruebas. 

Las autoridades informaron que 32 policías fueron enviados a la Academia de Policía del Estado para verificar que cumplan con todos los requisitos. Además, recibirán capacitación en materia de derechos humanos, uso adecuado de la fuerza, se les aplicarán los exámenes antidopaje, los lineamientos de cumplimiento de licencia colectiva y otros necesarios para ejercer la función policial. Quienes cumplan con todos estos elementos podrán reincorporarse a la Policía. 

Durante la actual administración sólo dos corporaciones habían sido desarmadas por las autoridades estatales. En febrero pasado, se informó que se tomaría el control de la Policía de San Juan de los Lagos, ante la presunción de vínculos con la delincuencia organizada. Se informó que la vigilancia del municipio quedaba a cargo de 500 elementos de la Secretaría de Seguridad, del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional.

Las otras 14 corporaciones municipales fueron desarmadas durante el sexenio pasado. Las primeras dos fueron Cocula y Casimiro Castillo, integradas por 45 y 26 elementos, respectivamente. 

Del interior del Estado se tomó el control de las Policías de Unión de Tula, Villa Purificación, Pihuamo, Jilotlán de los Dolores, La Barca, Villa Corona, Teocaltiche, Ocotlán, Bolaños y Tecalitlán.  De los municipios correspondientes al Área Metropolitana de Guadalajara se pusieron bajo revisión a las Policías de Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga.

Tras no presentarse en la Fiscalía del Estado el viernes, el alcalde de Ixtlahuacán de los Membrillos, Eduardo Cervantes, compareció ayer y aseguró que no se le llamó por el caso de Giovanni López. “Estoy a disposición (de la Fiscalía), todo lo que me soliciten con mucho gusto se los haré llegar”, dijo. Aunque el fiscal estatal, Gerardo Octavio Solís, señaló el jueves que Cervantes acudiría por el asesinato del joven, ayer dijo que haría declaraciones de “hechos imputables al ayuntamiento”, sin especificar cuáles.

En los últimos ocho años, 15 mil 437 elementos de las corporaciones de seguridad estatales y municipales en Jalisco han reprobado los exámenes de control y confianza, según información otorgada vía Transparencia por la Secretaría General de Gobierno. La anualidad con más reprobados fue 2014: con tres mil 162.

La mayoría corresponden a policías municipales, con 11 mil 117, de los cuales mil 777 corresponden a Zapopan. Otros mil 372 son de Guadalajara. Ambas cuentan con el mayor número de elementos en el Estado.

De acuerdo con el último reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, correspondiente al 30 de abril pasado, de un universo de 21 mil 480 elementos que hay en Jalisco, 20 mil 850 ya fueron evaluados. De éstos 14% reprobaron los exámenes. 

En diciembre pasado, Alfonso Durazo Montaño, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, dio un informe sobre el avance de policías certificados en cada una de las Entidades. Con corte a septiembre de ese año, se reportó que Jalisco se ubicaba en la última posición a nivel nacional, con un porcentaje de 2.7, muy por debajo de la media nacional que era de 46.3%. La Entidad más avanzada era Querétaro, con 96.4 por ciento. 

El objetivo de obtener el Certificado Único Policial es garantizar que la población cuente con policías confiables, sin vicios y sin compromisos con otra causa que no sea la de velar por la seguridad; es decir, que no estén involucrados con grupos de la delincuencia organizada. 

Pese a que se tenía contemplado que la certificación de todos los policías concluyera el año pasado, en julio de 2019, durante la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública se decidió prorrogarla 18 meses. 

Arturo Villarreal, académico de la Universidad de Guadalajara (UdeG), declara que no se han cumplido con los plazos, en parte, porque la apuesta del Gobierno federal es la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano. 

“Tampoco se ve que esté en la agenda de este Gobierno. Por más que haya gente sensata en el Consejo Nacional de Seguridad Pública, no se ha visto una idea de promover la política de fortalecer los cuerpos policiales, municipales y estatales”. 

Agrega que, al contrario, las bolsas federales destinadas a los Estados en materia de seguridad se vieron reducidas en este año.

Recuerda que también se había mencionado que el Gobierno federal apoyaría con recursos a la Policía Metropolitana de Guadalajara para tener cuerpos de seguridad especializados; sin embargo, no se etiquetaron los 500 millones de pesos que solicitaban las autoridades estatales.

En la pasada administración, las autoridades estatales destinaron más de 38 mil 601 millones de pesos en cuatro “megaproyectos” de seguridad pública que no obtuvieron los resultados esperados: no disminuyó la percepción de inseguridad entre los jaliscienses ni bajaron los índices de violencia. Al contrario, estos últimos aumentaron. 

Este medio de comunicación informó que, en 2014, el Gobierno del Estado inició con la Fuerza Única Jalisco (FUJ), un grupo élite en el cual se invirtieron mil 886 millones de pesos durante los cinco años que operó (hasta 2018).

La administración anterior también habilitó una “súper Fiscalía” que fusionó a la Procuraduría de Justicia, la Secretaría de Seguridad y hasta la Policía Vial. En total, se erogaron 35 mil 784.5 millones de pesos. 

La presente administración estatal las separó, pero creó una Coordinación Estratégica de Seguridad. 

Otra de las apuestas para prevenir los delitos de alto impacto fue el sistema de videovigilancia Escudo Urbano C5, que ha costado  895 millones de pesos, pero que continúa sin concluirse al 100 por ciento. 

De los proyectos que provocaron  hasta desacuerdos entre las autoridades estatales y municipales fue la Agencia Metropolitana de Seguridad, que costó 36 millones de pesos durante sus dos años de funcionamiento. Ésta fue sustituida por la Policía Metropolitana, de la cual se desconoce su operación. 

Con todo y estos megaproyectos, la percepción de inseguridad entre los ciudadanos aumentó. En 2016, seis de cada 10 jaliscienses dijeron sentirse inseguros, pero esa estadística se elevó a ocho de cada 10 al cierre de 2019, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con el Índice de Paz Global 2019, elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz, los cinco países menos pacíficos de América son: Venezuela, Colombia, México, Estados Unidos y Honduras, respectivamente. Sin embargo, en la estadística se remarca que México es de los países con más violencia hacia los policías.

En el comparativo, el año pasado fueron abatidos 209 agentes en Venezuela, cuando en México se superaron los 446 elementos.

Y en Estados Unidos fueron 30 policías muertos, una cifra muy por debajo de la estadística de México. Durante 2019 asesinaron, al menos, a 446 policías en México, según la Organización Causa en Común. En promedio, 1.16 policías fueron asesinados cada día. Los Estados con más casos registrados fueron: Guanajuato (73 agentes asesinados), Michoacán (41), Chihuahua (32), Jalisco (29) y Guerrero (26).

Con información de El Informador.