Redacción

La privatización del sector eléctrico en México incluyo sobornos, desvíos millonarios, acuerdos bajo la mesa y la participación de personajes políticos y es funcionarios de gobiernos estatales y federales; sin embargo, hay dos nombres clave en la telaraña de corrupción expuesta por el medio Revolución 3.0: Martín Esparza, ex líder del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y Osorio Chong, ex secretario de gobernación de Enrique Peña Nieto.

“Calderón era secretario de energía con Fox, se enteró de todo sobre el petróleo y la electricidad y renuncia. Y después ya juega de candidato, llega de presidente de la República y pone a la señora Kessel al frente de la Secretaría de Energía (Sener)”, relata Jorge Sánchez García, líder interino del SME.

Acorde con su testimonio, la exsecretaria Georgina Kessel fue la encargada de implementar las licitaciones para ir allanando el camino a la inversión privada dentro de LyFC, específicamente en favor de las empresas Fenosa e Iberdrola, las cuales ganaron los concursos.

“Dijimos: “¿qué le pasa, si la Constitución no le permite a ningún particular participar del sector eléctrico?” Después ella se va, pero dejó las licitaciones, aunque sabía que no las podían ejecutar porque estaba el SME; se mete alguien a trabajar y se van los trabajadores y el sindicato sobre él”, expone Sánchez García.

En 2009, Calderón extinguió LyFC, “entonces, ya tienen la licitación, ya tienen la zona, ya tienen las empresas que van a invertir; lo único que les estorbaba era el artículo 27 de la Constitución. Y luego llega el “junior”, Peña Nieto, que no sabe ni madres de esto, pero él era el presidente de la República, ¿y qué hace? Modifica la Constitución y ya entran “como Pedro por su casa”.

Cabe recordar que en 2013, Kessel se integró al Consejo de Administración de Iberdrola; mientras que, en 2016, Calderón fue incorporado como miembro del Consejo de Administración de Avangrid, compañía que surgió de la fusión entre la filial de Iberdrola en EE.UU. y UIL Holding. Esto, sin renunciar a la pensión de la que aún gozaba como exmandatario, que era de 812 mil 547 pesos mensuales.

“Se repartieron el sector, hicieron el convenio para recibir todos los bienes de Luz y Fuerza, ¿qué necesitaban? Pues alguien que les firmara por el lado del sindicato, y entonces habilitaron a Martín Esparza. Ellos lo mantuvieron contra viento y marea, y él firma todo; ahora son los dueños de todo el sector”, denuncia el actual dirigente.

En 2011, el 79 por ciento de los miembros del SME eligieron a Jorge Sánchez García como secretario general interino, ante notario público, en un estadio de futbol de Azcapotzalco, Ciudad de México. No obstante, tuvo que defender dicha elección durante varios años, pues las autoridades laborales de los gobiernos de Calderón y Peña se negaban a reconocer su personalidad, a pesar que un tribunal colegiado de circuito en materia laboral del Poder Judicial le daba la razón.

Después, en 2015, la Dirección General del Registro de Asociaciones de la Secretaría del Trabajo planteó la revocación —sin acta de asamblea ni exposición de motivos— de Sánchez García, el 14 de julio, volviendo a poner de manera ilegal a Esparza en el cargo, a partir del día siguiente, quien inmediatamente hizo una reforma de estatutos para ampliar su periodo de dos a cinco años.

Según dio a conocer el 10 de julio, es decir, cinco días antes de su nombramiento ilegal, Esparza firmó con funcionarios del Gobierno Federal peñista un Memorándum de Entendimiento en el que se regalaban los bienes de LyFC a una empresa privada que aún ni siquiera existía, y de la que el secretario de facto terminaría siendo dueño del 49 por ciento de las acciones.

Los firmantes del acuerdo con Esparza fueron Luis Enrique Miranda Nava, subsecretario de Gobernación; Pedro Francisco Guerra Morales, jefe de Unidad del Sistema Eléctrico Nacional y Política Nuclear de la Sener; Rafael Adrián Avante Juárez, subsecretario del Trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS); y Jorge Márquez Serralde, director corporativo de Empresas y Activos Financieros del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE).

“¿Por qué hicieron eso? Lo que estaban haciendo es quedarse con toda Luz y Fuerza, tanto Peña Nieto como Calderón; y Osorio Chong es el que movió la orquesta. Claro, necesitaban al sindicato que fuera el aval de todo eso, entonces habilitaron a Martín Esparza a partir del 15 de julio y nosotros le pedimos al Registro de Asociaciones (de la STPS) el acta de la asamblea donde dicen que fui revocado, para ver quién me demandó la revocación, por qué motivos, quién convocó a esa asamblea y quién votó”, puntualiza Sánchez García, pero dicha información nunca llegó.

A decir del secretario interino, Osorio Chong fue quien, siendo gobernador de Hidalgo, meses antes de la extinción de LyFC en 2009, habría cooptado a Esparza al entregarle el permiso de operar la fibra óptica en la entidad, el permiso para explotar un canal de televisión, además de una notaría pública. Esto, mediante el prestanombres y secretario particular del exdirigente, José Heriberto Marroquín Castillo.

“Está claro, Martín forzosamente ya sabía que iban a desaparecer Luz y Fuerza, porque le anticiparon eso. Él cometió traición al sindicato porque no defendió nunca nada”, agrega Sánchez García.

Asimismo, explica que cuando Osorio Chong se ostentó al frente de la Secretaría de Gobernación (Segob), en la administración de Peña Nieto, desde ahí “controlaba todo, a donde metíamos demanda, ahí frenaba todo; el secretario del Trabajo era su títere, Navarrete Prida. Le presentamos todo y no le sirvió de nada (…) Todo el sexenio ese, nosotros actuábamos nada más para tener antecedentes de que estábamos demostrando legalmente a lo que teníamos derecho, aunque no nos lo respetaban”.

Lo anterior podría coincidir con los presuntos vínculos del exsecretario de Gobernación también con el caso Odebrecht, según se ha difundido sobre las primeras declaraciones de Emilio Lozoya, tras su extradición al país, y el testimonio de Luis Alberto Meneses Weyll, exdirector de dicha empresa en México.

“A partir de 2011 empezamos a supervisar un gran proyecto anunciado por el Gobierno Federal (…) Se trataba de una nueva refinería en el estado de Hidalgo. Comenté con Emilio Lozoya que teníamos interés en ese proyecto (…) que generaría muchos contratos”, indicó Meneses.

De esta manera, Osorio Chong habría operado como una pieza clave en la búsqueda por privatizar el sector energético del país, tanto en el ámbito eléctrico como en el petrolero, desde que era gobernador de Hidalgo en el sexenio de Calderón.