Los casi 103 millones de pesos que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) le detectó al ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Eduardo Medina Mora, por trasferencias a sus cuentas bancarias desde el Reino Unido, podrían haber surgido de adjudicaciones directas que recibió su empresa en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

De acuerdo a un reportaje que publica este miércoles el portal SinEmbargo, la empresa Compusoluciones y Asociados SA de CV (de la que Medina Mora es socio) recibió 102 millones 107 mil 156 pesos a través de 26 contratos  para suministrar licencias y capacitación en la operación de software como Oracle, o cursos sobre el uso de Excel o Power Point en las oficinas de Gobierno.

La cifra coincide con el monto que detectó la UIF en transferencias bancarias. De estos, 25 contratos fueron conseguidos por adjudicación directa; es decir, sin que mediara concurso o competencia con otras compañías del ramos de la informática.

De acuerdo con lo que se ha publicado en distintos medios, los dividendos que recibió Medina Mora superan en mucho los ingresos que obtuvo como Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desde 2015, cuando el Senado de la República lo avaló en la posición.

Según el reportaje del portal, la empresa Compusoluciones y Asociados SA de CV, se encuentra asentada en la Ciudad de Guadalajara con el acta constitutiva 30,938, del 25 de mayo de 1985, y fue fundada por José Medina Mora Icaza—hermano del ministro— junto a dos socios.

En un principio, la llamaron Consultores en Informática y Computación SA de CV., pero los dos primeros años operó en quiebra, y en el tercero alcanzó el punto de equilibrio.

Actualmente José Medina Mora Icaza funge como presidente del Consejo de Administración de Compusoluciones y Asociados SA de CV, mientras que la dirección la ocupa Juan Pablo Medina Mora Icaza, otro hermano del ministro.

La empresa tiene alrededor de 550 colaboradores, la mayor parte en Guadalajara, donde se encuentra el corporativo; además de dos sucursales, en Monterrey, Nuevo León, y en la Ciudad de México.

SinEmbargo menciona que José y Juan Pablo Medina Mora Icaza no son los únicos de la familia dedicados al negocio de la Informática con proveeduría al sector público. También está Raúl quien en 2001 fundó Visión Holding México, S de R L de C V. según la escritura 45744, folio 283867.

Esa empresa encabezó la prestación de servicios en informática en la Suprema Corte de Justicia de la Nación durante la gestión del ministro Mariano Azuela. La revista Proceso documentó el caso en marzo del 2007 en un artículo al que llamó “La Corte de los privilegios”

SinEmbargo revela además que, Compusoluciones y Asociados se aliaron con Visión Holding México, S de R L de C V. para obtener un contrato en el 2010 por 95 millones 832 mil pesos, que consistía en brindar un servicio de reproducción de documentos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Pero es el único que ganaron bajo las reglas de una Licitación Pública.

Una carrera meteórica

La de Medina Mora, ha sido una carrera meteórica. En el 2000, después de concluir su labor como director corporativo, Jurídico y de Planeación en el Grupo Desc, recibió invitacón del entonces presidente Vicente Fox Quesada (2000-2006) para dirigir el extinto Centro de Investigación de Seguridad Nacional (Cisen).

Fue Procurador General de la República (2006-2009), Embajador de México en Reino Unido (2009-2013) y Embajador de México ante Estados Unidos (2013-2015) y ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (2015-a la fecha).

El reportaje menciona que a la par de su carrera pública, Compusoluciones y Asociados SA de CV ganaba contratos.

Y fue el Gobierno de Calderón el que más la requirió en los pasados 13 años con pagos de servicios que sumaron 99 millones 847 mil 515 pesos.

Cuando se dieron a conocer las transferencias millonarias que recibió Medina Mora, éste aseguró en una carta que envió al diario El Universal que: “La empresa Compusoluciones y Asociados SA de CV es una empresa familiar en la que mi difunta esposa era accionista y como tal recibió dividendos y realizó transmisión de acciones, cuestiones que fueron debidamente documentadas y reportadas a las autoridades fiscales e incluidas en sus declaraciones como contribuyente”.

Sin embargo en las declaraciones patrimoniales que tuvo que presentar ante la Secretaría de la Función Pública (19 en total) entre 2000 y 2015, no figuran estas transferencias.

Con información de Polemon.