Por: Tito Livio
Quizá, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) tenga razón cuando afirma que la corrupción es el peor mal de todos los que acechan a nuestro país. La corrupción tuerce al estado, desaparece los sistemas de seguridad y justicia, vuelve inoperante el sistema de salud; vulnera, aún más, la economía de los que menos tienen y hace de las elecciones una suerte de “juegos del hambre”.
Para nadie es un secreto que los procesos electorales, en este escenario, han servido para perpetuar un sistema que reparte migajas el día de la contienda con el objetivo de hacer llegar candidatos que muy poco habrán de retribuir a su comunidad. No importa el partido, no importa la localidad, esa es la realidad del país.
Por eso es tan importante lo que Emilio Lozoya, es director de Petróleos Mexicanos (PEMEX), diga en estos primeros momentos de su regreso a México. Anaya, Luis Videgaray, José Antonio Meade, Ernesto Cordero, los ex presidentes Peña y Calderón, son algunos personajes que han comenzado a desfilar, de nueva cuenta, por los pasillos de las acusaciones, aunque parece que esta vez sí habrá consecuencias, más allá de los simples señalamientos y la guerra mediática.
El PRI y el PAN gobernaron bajo un mismo sello, imponiendo un estilo muy particular a la política en México, casi esquizofrénica. Se encargaron de fomentar la creación de instituciones que en la práctica ellos mismos ignoraban y peor aún, vulneraban. Organismos electorales poderosos, contralorías, institutos de transparencia, órganos ciudadanos de control, etc. La corrupción sin embargo, siguió presente y con mayor fuerza.
Ahora que Emilio Lozoya Austin comenzó a declarar ante autoridades federales, nadie parece sorprenderse, excepto por las cantidades de las que se habla, muchos suponen que los desfalcos al país en los gobierno de Calderón y Peña superan los cientos de miles de millones de dólares; pero los 52 millones de pesos de los que comenzó a hablar Lozoya pueden ser un buen inicio.
Lozoya afirmó que dio 52 millones 380 mil pesos en sobornos a legisladores del Partido Acción Nacional (PAN), con el fin de que estos aprobaran las reformas impulsadas por el acuerdo político Pacto por México, la gran campaña política durante el inicio del gobierno de Peña. El entonces Secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, líder de la estrategia junto con el expresidente Enrique Peña Nieto, fueron quienes le pidieron a Lozoya enviar 6.8 millones de pesos a Ricardo Anaya Cortés.
De acuerdo con otras versiones, también estarían implicados panistas cercanos a Felipe Calderón Hinojosa. Anaya, quien no era cercano a Calderón, se desempeñó como presidente de la Cámara de Diputados de 2013 a marzo de 2014, lapso en el que se llevó a cabo la discusión de la Reforma Energética. En mayo de 2014 asumió el cargo de secretario general del PAN.
De esta forma, parece que el tsunami Lozoya llegó a México para recomponer aún más un escenario muy polarizado desde la oposición, que intenta a como dé el lugar, imponer su versión de hechos y ganar el debate electoral del 2021 de manera anticipada. Sin embargo, parece que no tenían presupuestado la rápida extradición de Lozoya y el impacto de su aparición en las encuestas. Pecaron de soberbia o ingenuidad, quizá de ambas, o en serio, ¿creyeron que, siendo AMLO el presidente que es, no la iban a pagar?