El Gobierno de Enrique Peña Nieto descubrió 85 casos de defraudación fiscal cometidos por grandes contribuyentes del sexenio de Felipe Calderón, pero la autoridad omitió denunciarlos, según revela el Órgano Interno de Control del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

La investigación da cuenta que, aunque se podía evitar que los delitos prescribieran, el SAT prefirió no denunciar 83 ante la Procuraduría Fiscal de la Federación, entre ellos, casos que involucraban empresas que facturan (EFOS) o deducían operaciones simuladas (EDOS).

De la auditoría interna 018/2018 se desprende que la Administración de Coordinación Estratégica de Grandes Contribuyentes argumentó distintas causas para no proceder contra los presuntos evasores, como deficiencias de origen por los siguientes motivos:

• No contar con elementos (53 casos)
• Por prescripción (14)
• Por ser propuestas antes de los seis meses de iniciadas las facultadas de comprobación (6)
• Por autocorrección (4)
• Por no competencia (3)
• Por no atender requerimentos de información (3)

La auditoría analizó una muestra de 25 casos, el 29 por ciento, y se corroboraron inconsistencias en ocho casos, además, el Órgano Interno de Control evidencia que no existió un “replanteamiento de las propuestas”.

Igualmente de identificó que se contó con tiempo suficiente para evitar os casos de prescripción o preclusión de la acción penal, lo que resultó en probable prejuicio del fisco federal.

En un caso, el documento indica que el contribuyente que posiblemente habría incurrido en defraudación fiscal presentó la declaración complementaria del ejercicio fiscal 2011 desde mayo de 2012, desde cuando se le pudo dar seguimiento.

De esa forma, la auditoría revela que probables casos de defraudación fiscal en el gobierno de Felipe Calderón pudieron ser advertidos por el SAT durante el Gobierno de Peña Nieto, y así evitar que los delitos prescribieran luego de cinco años, como ocurrió finalmente.

Recomendaciones del OIC

El Órgano Interno de Control recomendó al SAT capacitar a su personal en la observancia de lineamientos y normas “que establezca un mecanismo de control y supervisión que asegure que en las propuestas de asuntos de defraudación fiscal y sus equiparables se presenten en los plazos y términos establecidos”.

También solicitó “incluir en el Programa Integral de Formación, la capacitación a los servidores públicos que tiene como responsabilidad informar de los asuntos en que adviertas este tipo de delitos”.