El gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) no sólo sabía de las operaciones de tráfico de armas de Estados Unidos a México, sino que instaló aquí, con ayuda de la DEA, un sistema de espionaje.

De acuerdo con un reportaje de la revista Proceso, en vísperas de la reunión que tuvieron en la Ciudad de México a principios de octubre de 2011 la entonces titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Marisela Morales, y su par estadounidense, Eric Holder, se elaboró una circular respecto a los asuntos que ambos revisarían.

En el escrito, se destaca la importancia de los asuntos: «existen dos temas que, en este momento, repercuten en los congresos de ambos países, los cuales se abordarán en la reunión».

Sobre el espionaje, se apuntó, que la PGR, «aplicaría las medidas necesarias para desarrollar el uso de la intervención de comunicaciones con orden judicial a través de la creación de una unidad especializada en el tema”.

El Gobierno de Calderón elaboró un plan en el que explicaba la estrategia para espiar legalmente a los ciudadanos mexicanos.

CALDERÓN ESTABA AL TANTO DE OPERATIVOS.

Además entre los apuntes de los funcionario, resalta: «se debe insistir en la necesidad de contar con información y resultados precisos sobre las investigaciones”.

Y la «supuesta inmunidad de Vicente Zambada y «la información difundida en medios de comunicación refleja la estrategia de la defensa de Zambada».

Se detalla que «se había dado a conocer en Estados Unidos que la oficina regional de Phoenix, Arizona, del Buró de Alcohol, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), llevó a cabo en secreto tres operaciones controladas de tráfico de armas a México, entre las que estaba Rápido y Furioso”.

«De entre los asuntos sobre seguridad que Morales y Holder tenían agendas destaca sobre el espionaje en México, en el cual era notoria la exigencia de la colaboración y asesoría por parte de la DEA”, señala Proceso.

El 4 y 5 de octubre del 2011, la oficina regional en Phoenix, Arizona, del Buró de Alcohol, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) dio a conocer en Estados Unidos que había llevado a cabo -en secreto- tres operaciones “controladas” de tráfico de armas a México, las cuales fueron un fracaso: Gunrunner, Wide Receiver y Fast and Furious.

La FT reclutó a ciudadanos y residentes permanentes en Estados Unidos con el propósito de comprar legalmente armamento al mayoreo para luego entregarlo a conocidos traficantes de armas, quienes a su vez lo enviarían a México.

Esto con el objetivo de rastrear a quienes distribuían y controlaban el tráfico en territorio mexicano.

Fue así como el armamento llegó a las manos del Cartel del Sinaloa.

Tras la muertes de Brian Terry, agente fronterizo y  del agente de Inmigración y Aduanas Jaime Zapata, agudizaron los resultados fallidos de los operativos.

A pesar de las pruebas, Calderón niega haber conocido que esta estrategia se llevaba a cabo.

«Se estima conveniente que los temas que al gobierno mexicano le interesan sean impulsados a través del embajador de México y el agregado legal de la PGR en Estados Unidos”, indica el documento.

Con información de Proceso.